Violando la soberanía e intereses económicos del pueblo boliviano, la dictadura de Jeanine Áñez decidió endeudar al país con un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionado a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias antisociales.

La dictadura también tenía programado que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara cinco créditos de prestamistas internacionales por unos $us 1.700 millones con el cuestionado argumento de reforzar el sistema sanitario para combatir el coronavirus.

De acuerdo al FMI, en abril del año pasado, el objetivo del crédito era ayudar a Bolivia “a satisfacer las necesidades de balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia del Covid-19, y apoyar los gastos médicos y las medidas de socorro que se requieren con urgencia para proteger el bienestar de la población”.

Semejantes «intenciones» le provocaron al Estado millonarias pérdidas, ya que Áñez usó al Ministerio de Economía para que la Asamblea Legislativa Plurinacional le permitiera endeudarse injustificadamente y contar con un respaldo para ello. Afortunadamente, no consiguió la aprobación de los parlamentarios.

Sin embargo, el préstamo se realizó, sorteando el paso constitucional. En abril de 2020, la dictadura de Jeanine Áñez pidió al FMI el crédito concesional, sin autorización de nadie.

Al retomar el Gobierno democrático de Luis Arce, a través del Banco Central de Bolivia, BCB,, el 17 de febrero de este año hizo la devolución de $us 351,5 millones al FMI, crédito ilegal adquirido por el gobierno golpista.

El crédito durante este tiempo generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que sumaron $us 24,3 millones, de los cuales $us 19,6 millones son por variación cambiaria y $us 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

Debido a lo anterior, la Fiscalía General aceptó cuatro proposiciones acusatorias planteadas por el Ministerio de Justicia en contra de la exdictadora Jeanine Áñez y algunos de sus exministros.

En el caso del préstamo del Fondo Monetario Internacional, están implicados los exfuncionarios del Ministerio de Economía José Luis Parada, Branko Marinkovic y Óscar Ortiz.

Fuente: Kaosenlared