¿Avanza la “palestinización” de América Latina? Drones de EEUU en la región

Por Ahmad Alaqidi 

Estados Unidos, con la excusa de combatir el narcoterrorismo, despliega armamento de última generación como el que utiliza en Medio Oriente.

Tres fuentes vinculadas directamente a la operación confirmaron el traslado de aviones no tripulados de combate del modelo «Reaper» hacia la región, en el marco de los preparativos para eventuales operaciones de lo que Washington denomina «lucha antinarcóticos y antiterrorista».

Según estas mismas fuentes, los planes contemplarían incluso la posibilidad de ejecutar acciones dentro del territorio ecuatoriano, un dato que, de confirmarse, marcaría un salto cualitativo en el nivel de involucramiento militar estadounidense dentro de un país sudamericano que hasta hace pocos años se mantenía relativamente al margen de este tipo de despliegues.

El movimiento no sorprende a quienes vienen siguiendo de cerca la política exterior de Washington hacia la región: confirma lo que varios analistas advertían desde hace meses. Estados Unidos redobla su presencia militar sobre las rutas del narcotráfico y las organizaciones armadas que operan a través de los corredores costeros, las fronteras terrestres y las islas del Caribe, todas ellas vías históricas de tránsito hacia el mercado estadounidense de estupefacientes.

Lejos de tratarse de un hecho aislado o de una medida meramente técnica, este redespliegue se inscribe en una escalada más amplia de la injerencia militar de Estados Unidos en América Latina, bajo la ya conocida bandera de la «guerra contra las drogas», una doctrina que desde hace décadas sirve como cobertura discursiva para la expansión de capacidades de vigilancia, inteligencia y, llegado el caso, de ataque directo.

Colombia y el precedente de los MQ-9A

En la misma línea, la cadena CNN había informado a comienzos de este mes que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cerró un acuerdo con Washington para tomar en préstamo tres drones MQ-9A, oficialmente destinados a vigilar las rutas del narcotráfico y, si se lo considera «necesario», ejecutar ataques de precisión. Se trata, en otras palabras, de aviones de guerra estadounidenses con autorización para bombardear objetivos en suelo latinoamericano, algo que hasta hace pocos años hubiera resultado difícil de imaginar como parte de un acuerdo bilateral «de cooperación».

El MQ-9 Reaper, cabe recordar, no es un dron cualquiera: se trata de una de las plataformas de combate no tripuladas más utilizadas por Estados Unidos en escenarios de guerra declarada, desde Medio Oriente hasta el Cuerno de África. Su despliegue en clave de «seguridad regional» latinoamericana no es un detalle menor, y plantea interrogantes sobre los límites reales de estas operaciones: ¿dónde termina la vigilancia y dónde empieza la capacidad ofensiva efectiva? ¿Qué controles existen sobre el uso de esa capacidad de ataque una vez que los equipos están desplegados en la región?

Panamá también recibe equipamiento

A esto se suma que la embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el jueves la entrega de sistemas de drones de largo alcance, por un valor superior a los seis millones de dólares, al Servicio Aeronaval panameño. La justificación oficial es la de siempre: vigilar zonas fronterizas remotas, proteger corredores marítimos estratégicos y desarticular redes de tráfico de drogas y personas. Aunque estos equipos no son del modelo Reaper, responden exactamente a la misma lógica de fondo: ampliar las capacidades de vigilancia y consolidar la cooperación —léase, en muchos casos, dependencia estructural— militar de los países de la región respecto de Washington.

Panamá, por su posición geográfica estratégica y el control del canal interoceánico, ha sido históricamente un socio prioritario para la política de seguridad estadounidense en la región. La entrega de estos sistemas se suma a una larga lista de programas de asistencia militar y de «cooperación en seguridad» que, con distintos nombres y a lo largo de distintas administraciones, han mantenido una constante: el fortalecimiento de la presencia operativa de Washington en territorio latinoamericano bajo la narrativa de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Silencio oficial de los comandos militares

Ni el Comando Sur (SOUTHCOM) ni el Comando de África (AFRICOM) de Estados Unidos salieron a confirmar oficialmente los detalles filtrados por las fuentes consultadas. Este silencio, lejos de ser excepcional, es parte de un patrón recurrente en este tipo de operaciones: la confirmación extraoficial a través de fuentes anónimas, sin que exista un anuncio público formal ni, mucho menos, un debate abierto en los parlamentos de los países involucrados sobre el alcance real de estos despliegues.

Esta falta de transparencia no es un dato menor para el análisis político. La ausencia de información oficial impide un control democrático efectivo sobre decisiones que, en los hechos, comprometen la soberanía territorial y la política de seguridad de los países receptores. En Ecuador, por ejemplo, la eventual autorización de operaciones con drones de combate estadounidenses debería —al menos en teoría— pasar por instancias de debate público y parlamentario, algo que hasta el momento no se ha verificado a partir de la información disponible.

Un giro estratégico: de África a América Latina

El dato de fondo, sin embargo, es el más elocuente de todos: el redespliegue de estas capacidades de inteligencia y ataque desde África hacia América del Sur marca un giro claro en las prioridades operativas de Washington. Se trata de activos aéreos que durante años se utilizaron en misiones de inteligencia y en el llamado «apoyo a socios» africanos —en el marco de la lucha contra grupos como Al Shabaab o el Estado Islámico en el Sahel— y que ahora se trasladan a un escenario que Estados Unidos considera, a su manera, directamente ligado a su seguridad interna, con el narcotráfico como pretexto central y organizador del discurso.

Este movimiento no puede leerse de forma aislada del contexto político más amplio. En los últimos años, distintas administraciones estadounidenses han insistido en presentar al narcotráfico como una amenaza equiparable al terrorismo internacional, una equivalencia discursiva que habilita marcos legales y operativos mucho más flexibles —y menos sujetos a control— que los que regirían una cooperación policial o judicial tradicional. Bajo esa lógica, la frontera entre la «asistencia técnica» y la intervención militar directa se vuelve cada vez más difusa.

¿Cooperación o subordinación?

Para buena parte de los analistas críticos de la región, este tipo de acuerdos —présta­mos de drones armados, entrega de sistemas de vigilancia de largo alcance, presencia de asesores militares— no hacen más que profundizar un esquema de dependencia estructural en materia de seguridad, donde los países latinoamericanos terminan operando, de facto, como plataformas regionales de la estrategia militar estadounidense, antes que como socios en pie de igualdad en el diseño de políticas propias contra el crimen organizado.

La pregunta de fondo, entonces, excede la coyuntura puntual de estos traslados de equipamiento: se trata de definir qué margen de autonomía real conservan los Estados de la región para decidir sus propias políticas de seguridad, y hasta qué punto la «guerra contra las drogas» —relanzada una y otra vez bajo distintas etiquetas— sigue funcionando como la puerta de entrada preferida para la expansión de la presencia militar de Washington en América Latina. Una vez más, como ha ocurrido en tantos otros momentos de la historia reciente del continente, el «patio trasero» pasa a primer plano cada vez que conviene a los intereses de la Casa Blanca.

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