Mientras le sonríe al Papa, Jorge Macri persigue a trabajadores de la Ciudad

Ante esta situación, desde el Sindicato que conduce actualmente Néstor Segovia -tras el fallecimiento el año pasado del histórico dirigente “Beto” Pianelli- advirtieron a la empresa que se abstenga de repetir este accionar en la próxima liquidación de sueldos.

El comunicado fue firmado por Segovia junto a la secretaria de Organización Virginia Bouvet.

Los metrodelegados fueron categóricos al señalar las responsabilidades institucionales y laborales. “Siendo la única responsable de las medidas de autodefensa que resulten de este accionar arbitrario”, sentenciaron, sin detallar cuáles serían las medidas, que pueden incluir asambleas, retención de tareas, liberación de molinetes o paros que afectan directamente el servicio.

Liberaron molinetes contra descuentos ilegales y fraude laboral

Ocurrió el viernes, de 17:00 a 19:00 en la estación Perú de la Línea A. Trabajadores le exigen a Emova la devolución de salarios ilegalmente descontados y el retiro de las empresas tercerizadas con las cuales la concesionaria violenta el Convenio colectivo de trabajo.

La medida se suma a la de la semana pasada debido a que Emova insiste con su práctica ilegal y persecutoria desconociendo, incluso, fallos judiciales a favor de los trabajadores.

Denuncian que la concesionaria continúa realizando descuentos salariales como forma de amedrentar a los trabajadores y recientemente ha contratado empresas tercerizadas para realizar tareas durante más de 6 horas cuestión que está catalogada por el convenio del sector como insalubre.

Emova con la complicidad del Jefe de Gobierno Jorge Macri y la justicia porteña sigue amedrentando y persiguiendo a los trabajadores del subte. La empresa no reconoce ninguno de los fallos judiciales a favor del reclamo de los trabajadores.

Trabajadores del subte liberaron molinetes

El miércoles 4 de noviembre desde las 8:00, trabajadores realizaron una apertura de accesos en la estación San Pedrito de la línea A para reclamar la devolución de salarios descontados por la concesionaria. Denuncian que la empresa desconoce fallos judiciales y sostiene una campaña persecutoria acompañada por el Jefe de Gobierno y la justicia porteña.

Comienza un nuevo mes y otra vez la empresa Emova descuenta compulsivamente e ilegalmente salarios, mientras aumenta otra vez el pasaje por arriba de la inflación. Todo con la complicidad de Jorge Macri. Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado del sindicato, explicó que la medida forma parte de la continuidad de un plan de lucha que lleva meses. “Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo”, señaló. También rechazó las acusaciones de Emova contra los trabajadores afectados, a quienes la empresa responsabiliza por supuestos incumplimientos de sus jornadas laborales. “Esta campaña de falacias” busca justificar los descuentos, sostuvo, y remarcó que esas acusaciones son falsas y fácilmente comprobables.

El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente criminalización de las protestas gremiales en el subte. El pasado 20 de octubre, una apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B terminó con la detención de dirigentes y delegados sindicales. La medida se realizaba en solidaridad con un trabajador suspendido por negarse a extender su jornada laboral más allá de las seis horas diarias. Cuando efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron a los vestuarios para detener al delegado Sebastián Carrizo, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia intervinieron para defender a su compañero los cuales terminaron siendo detenidos. Poco después fue detenido Néstor Segovia, secretario general de la AGTSyP.

Las detenciones provocaron una respuesta contundente de parte de todos los trabajadores del subte, un paro total en las seis líneas y el Premetro.

Durante la concentración para exigir la liberación de los trabajadores, la Policía avanzó con gases y escudos contra los manifestantes y detuvo también a Luciano Corradi, trabajador aeronáutico de GPS que se había acercado a solidarizarse. Todos fueron liberados durante esa misma tarde, luego de una fuerte respuesta sindical y de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

A pesar de esto la empresa Emova con la complicidad del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la justicia porteña sigue amedrentando y persiguiendo a los trabajadores del subte. La empresa no reconoce ninguno de los fallos judiciales a favor del reclamo de los trabajadores, sin embargo, al momento de actuar lo hacen contra los trabajadores.

En su comunicado, Dellecarbonara volvió a cuestionar el accionar de Emova y recordó que “el salario tiene carácter alimentario” y que la concesionaria “no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”. También apuntó contra el Gobierno porteño y su consigna de campaña de “La ley y Orden”: “Solo para perseguir trabajadores, pero no para controlar que los empresarios cumplan con las normativas, leyes y fallos vigentes”, denunció.

Este ataque sistemático contra los trabajadores se da producto de ser quienes desde dentro denuncian el pésimo servicio, las pésimas condiciones de trabajo en medio de asbesto cancerígeno en formaciones y un pasaje cada mes más caro. Emova se enriquece gracias a la complicidad del Gobierno de Jorge Macri, donde la tarifa aumentó desde enero del 2024 a hoy un 2.271%, 5 veces más que la inflación acumulada en el mismo periodo que llega a un 400%. Macri le garantiza las ganancias y le pone la policía y justicia para defender el accionar ilegal del grupo empresario.
Finalmente, los trabajadores advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si la empresa no devuelve el dinero descontado. “No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días”, anticipó Dellecarbonara. La apertura de accesos del miércoles fue una nueva instancia de un conflicto que enfrenta a los trabajadores con una concesionaria que, según denuncian, sigue desconociendo sus derechos salariales y los fallos judiciales.

Nueva medida persecutoria de Jorge Macri contra docentes disfrazada de “controles médicos”
Por Martín Suárez

Tras conocerse que en 2025 Macri gastó más de $7.000 millones en una empresa privada que rechaza las licencias médicas, ahora suma una iniciativa que “busca intimidarnos con la posibilidad de perder el trabajo”, señalan.

“En el marco de las acciones destinadas al cuidado y la prevención de la salud del personal docente, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos educativos de gestión estatal”, destaca una resolución ministerial que fue enviada a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el documento, estas acciones tienen como propósito facilitar la regularización de los aptos médicos psicofísicos pendientes y promover la detección temprana de posibles afecciones.

Sin embargo, desde los gremios docentes coinciden en que estos operativos médicos no son una política de prevención sino otro acto persecutorio hacia las y los trabajadores de la educación de la Ciudad.

El argumento de los sindicatos se basa en las continuas restricciones que implementa el gobierno de Jorge Macri para que los trabajadores puedan acceder a licencias médicas. Cabe recordar, que estas licencias son manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 millones de pesos.

La empresa DIENTS fue denunciada por administración fraudulenta y, de acuerdo a datos oficiales, solo en 2025 de “un total de 2.591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1.843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias”.

“Nos preocupa especialmente la implementación de estos operativos médicos en el contexto de una política del Gobierno de la Ciudad que viene avanzando sobre los derechos de las y los docentes en materia de salud laboral con el levantamiento de tareas pasivas y el rechazo de licencias médicas”, señaló Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).

Para el docente y referente sindical, cabe preguntarse si esta nueva medida representa una verdadera política de prevención y cuidado de la salud o “nos encontramos ante nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores”, destacó y agrega: “el Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral pero estas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral. La salud de quienes enseñan debe ser una prioridad, y eso exige respetar las licencias, garantizar las tareas pasivas cuando corresponden y atender las condiciones de trabajo que producen y agravan las enfermedades laborales”.

El documento del gobierno señala que la medida está destinada a docentes que, de acuerdo con los registros disponibles, no cuentan con el apto médico psicofísico correspondiente. Los docentes alcanzados serán convocados a realizar una evaluación médica completa, mediante la asignación de turnos individuales.

Para Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la asociación docente Ademys, esta nueva medida del gobierno de Jorge Macri es una hipocresía total, y que busca intimidarnos con la posibilidad de perder nuestro trabajo.

“Mientras nos disciplina para ir a trabajar enfermos, nos descuenta el presentismo, nos rechazan las licencias médicas, nos cita durante el reposo o nos piden conectarnos a un MIT mientras estamos en cama con fiebre; ahora redobla la apuesta, revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni tampoco el criterio, mientras aplica un régimen de presentismo forzoso”, destaca.

“Cuando los docentes estamos trabajando más de 50 horas semanales, que incluyen por supuesto el trabajo no pago, con aulas sin recursos para la inclusión, estamos resistiendo el cierre de grados, asistiendo a las familias de los estudiantes, ahora vuelve a atacarnos. Y además en un gremio en donde somos más del 80% mujeres”, agregó.

Desde ADEMYS en 2025 realizaron una encuesta que relevó que más del 75% del personal docente, en medio de todas las situaciones de ajuste, precarización y sobrecarga laboral, no se tomó licencia durante el año por miedo a que sea rechazada.

“No está demás decir que, además, estamos con una obra social totalmente vaciada y aún así más del 70% debe acceder de manera privada a la atención médica. Alertamos que esta medida puede ser persecutoria para reforzar este disciplinamiento”, concluyó.

Represión a estudiantes y docentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reprimió una movilización de estudiantes terciarios, secundarios y docentes que se concentraban en Callao y Corrientes. Hubo un docente del Joaquín V González detenido que tras el reclamo en la puerta, fue finalmente liberado. Con 14 Centros de estudiantes adheridos, la convocatoria buscaba enfrentar los traslados inconsultos, los cierres de comisiones, los despidos docentes y las reformas que avanzan sobre la educación pública porteña.

El conflicto en los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires viene creciendo. Frente a las medidas impulsadas por el gobierno de Jorge Macri, estudiantes y docentes empiezan a coordinar sus reclamos para dar una respuesta común. El miércoles 14 de octubre se realizó un corte en Callao y Corrientes, una acción que surgió a propuesta del Normal 9 frente al intento de trasladar el instituto sin consultar a su comunidad educativa.

La convocatoria reúne actualmente a 14 Centros de estudiantes que votaron coordinar por todos los ataques. Los Centros de estudiantes del Normal 1, el Alicia Moreau de Justo y el Joaquín V. González junto a estudiantes y docentes de otros institutos como el Instituto de Tiempo Libre y Recreación y el IFTS 13, así como el sindicato docente Ademys y estudiantes secundarios buscan superar la fragmentación de los conflictos y poner en pie una respuesta colectiva frente al ajuste educativo y las reformas del BA Aprende.

Lucas, presidente del CEJVG, comentó cómo se preparan para la acción: “Desde la 9 de Abril, agrupación docente-terciaria de Myriam Bregman en los terciarios, fuimos parte de impulsar y construir este corte convocando a asambleas en el Normal 1, Alicia Moreau de Justo y Joaquín V. González, porque creemos que la respuesta frente a los ataques y reformas inconsultas tiene que venir desde abajo y coordinando junto a los 29 profesorados, como hicimos en la Marcha de la Bronca donde fuimos más de 100 terciarios. Escribimos y difundimos una carta para que llegue a más Centros, sindicatos docentes como Ademys que confirmó su asistencia. De parte de UTE seguimos esperando respuesta a la altura del ataque, como paros y asambleas en cada escuela y profesorado”.

Lo que sucede en el Normal 9 no es un hecho aislado. La comunidad educativa rechaza un traslado impuesto desde el Ministerio de Educación porteño, que afecta las condiciones de cursada y de trabajo de cientos de estudiantes y docentes. La decisión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién decide sobre las instituciones educativas, sus espacios y la formación?

En el IFTS 13 y el ISTLyR, el cierre de comisiones golpea tanto a los docentes, que perdieron sus puestos de trabajo, como a los estudiantes, que encuentran menos opciones horarias para sostener sus carreras. En el Joaquín V. González se cerraron las inscripciones a las carreras de Ciencias Jurídicas y Ciencia Política, restringiendo el acceso a estas propuestas que son las únicas gratuitas en la Ciudad.

En el Alicia Moreau de Justo, a su vez, se cuestionan los cambios en los planes de estudio y la imposición de porcentajes de cursada híbrida sin garantías suficientes de conectividad ni una discusión abierta con la comunidad educativa. También hay preocupación por las consecuencias que estas modificaciones podrían tener sobre las condiciones laborales docentes y la formación.

A estos conflictos se suman las preocupaciones por las reformas en otros institutos normales y artísticos. En conjunto, muestran que está en juego mucho más que una decisión administrativa: se discute qué educación pública y qué condiciones quieren y se necesitan para estudiar y enseñar.

BA Aprende y la ofensiva sobre la educación pública

Estos ataques se inscriben en una política educativa más amplia del gobierno de Jorge Macri. El programa BA Aprende plantea transformaciones para distintos niveles del sistema educativo porteño y abre debates sobre los contenidos, las condiciones de enseñanza y el trabajo docente.

La experiencia de la comunidad de secundarios este año, que protagonizaron una gran lucha, con tomas y acciones en las calles para frenar el avance de la reforma, muestra que la organización desde abajo puede ponerle un freno a estas medidas. Pero también dejaron una conclusión: no alcanza con resistir en cada institución por separado.

Mientras el gobierno porteño avanza con sus políticas, el gobierno nacional de Javier Milei profundiza el ajuste y el desfinanciamiento educativo, con ataques también sobre las universidades públicas. Aunque se trata de gobiernos con responsabilidades diferentes, sus políticas impactan sobre el derecho a estudiar, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Por eso, defender los institutos de formación docente también implica enfrentar el ajuste general sobre la educación. No se puede aceptar que la falta de presupuesto, las decisiones inconsultas o las reformas impuestas terminan deteriorando la formación y las condiciones de cursada.

La salida es coordinar y organizar la lucha desde abajo

El corte del miércoles 14 de octubre tuvo una importancia particular porque buscó unir reclamos que hasta ahora muchas veces se enfrentaron de manera aislada. La experiencia de la lucha contra la UNICABA mostró la fuerza que puede alcanzar la coordinación entre los institutos terciarios, estudiantes, docentes y familias.

Para avanzar en ese camino hacen falta asambleas en cada institución, información pública sobre las medidas que se pretenden implementar y espacios democráticos donde las comunidades educativas puedan debatir y decidir cómo continuar. También es necesario que los sindicatos docentes acompañen activamente estos reclamos y pongan sus fuerzas al servicio de una lucha común.

Desde el sindicato mayoritario de la docencia, UTE, se plantea como estrategia confiar en la negociación con el ministerio de educación, a espaldas de las comunidades educativas, mientras firman paritarias de hambre para la docencia; pero ya vimos que esto no lleva a ningún lado sino a la derrota y al fortalecimiento de Jorge Macri. No podemos esperar a que las decisiones estén tomadas para salir a defender las carreras, los puestos de trabajo y las instituciones. La organización tiene que anticiparse a los ataques y construir una respuesta democrática desde abajo, que sea capaz de enfrentar al gobierno porteño y romper la normalidad.

El corte de Callao y Corrientes puede convertirse en un punto de apoyo para fortalecer la coordinación entre terciarios, secundarios y docentes, y para impulsar nuevas medidas discutidas democráticamente por quienes sostienen todos los días la educación pública.

Trabajadores de las radios públicas porteñas rechazan la preadjudicación ilegítima de sus medios

El miércoles 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la preadjudicación de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires por los próximos 5 años, a la Unión Transitoria que conforman las firmas Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL. Los trabajadores y las trabajadoras de La Once Diez (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7) rechazan este intento de privatización encubierta porque se trata de una acción plenamente inconstitucional e ilegal, y afirman que es urgente que la justicia se expida.

A través de un comunicado, los trabajadores y las trabajadoras afirman que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, incumple el mandato de la propia Constitución de la Ciudad, que en su artículo 47 garantiza la existencia de medios de comunicación propios, destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación, bajo gestión estatal; y viola además el artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de indelegabilidad de la explotación de las frecuencias asignadas a dichos servicios de comunicación audiovisual.

Los trabajadores señalan que la preadjudicación de Radio de la Ciudad (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7) a la Unión Transitoria, integrada por Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL, abre una serie de interrogantes sobre su idoneidad para asumir la gestión de las radios públicas.

“Incluso si dejáramos de lado la plena ilegalidad de este proceso, según la información disponible estas empresas no cuentan con antecedentes suficientes en la administración integral de emisoras ni en la gestión de medios públicos. La incorporación de actividades radiofónicas en el objeto comercial de Green Umbrella no demuestra experiencia efectiva en la operación de una radio. La trayectoria de JR Comunicaciones, en tanto, se vincula principalmente con la actividad gráfica. No tendrían entonces expertise en la gestión de medios públicos, ni podrían ser calificados como profesionales del rubro, tal como reclaman los funcionarios porteños; incumpliendo con la expectativa de que ‘un privado puede hacerlo mejor’, tal como declaró Jorge Macri al anunciar la licitación de los medios públicos de la Ciudad. También plantean dudas los contratos que mantienen o mantuvieron con el gobierno porteño. En el caso de Green Umbrella, llama la atención además que uno de sus fundadores, Rodrigo Matías Morán, ocupó una banca en la Legislatura porteña en 2021 dentro del espacio Vamos Juntos, vinculado directamente al Ejecutivo de la Ciudad”, detallan.

Además, recuerdan que en una primera licitación, el gobierno porteño ya adjudicó el Canal de la Ciudad al empresario Augusto Marini, que está al frente del Grupo Cale, dueño de los streamings Carajo y Blender: Llamativamente ahora Marini no querría avanzar con la concesión hasta que el gobierno porteño le garantice que el traspaso sea ‘sin empleados en el Canal’. Demostrando el desprecio por quienes desde hace años sostenemos y le aseguramos valor y calidad a los medios públicos de la Ciudad”, afirman.

Es por todo esto que los trabajadores reiteraron su reclamo a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, para que den lugar a la medida cautelar que ya cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía General de dicha Cámara, donde solicitan que “se frene este intento de ceder a un privado el patrimonio del público, que es el derecho a medios estatales, que cumplan el rol social de brindar comunicación de calidad, sin ataduras comerciales ni de otro tipo”.

“La causa que iniciamos contiene en su expediente con un informe favorable del ENaCom en el que los apoderados del organismo aseguraron que la licitación se encuentra ‘en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias, tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor’”, agregan.

“Los medios públicos cumplen una función esencial para la comunicación en una sociedad democrática: informar con criterios de interés general, dar lugar y promover todas las voces, fomentar la cultura y generar espacios de interacción para y con los vecinos de la Ciudad; funciones que difícilmente puedan sostenerse bajo la lógica exclusiva de la rentabilidad comercial. Somos las y los profesionales que desde hace 99 años hacemos llegar el Teatro Colón a todo el país; quienes desde hace 26 años hacemos sonar el Tango en todo el mundo. Las radios de la Ciudad no son un negocio. Son patrimonio público. Defender los medios públicos es defender el trabajo y el derecho a una comunicación democrática, plural y de calidad”, finalizan los trabajadores y las trabajadoras de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Festival en rechazo al intento de privatización encubierta

Tras la apertura de sobres con los tres oferentes para concesionar por cinco años a La Once Diez (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7), sus trabajadores y trabajadoras realizaron el miércoles 14 de octubre una nueva edición del festival en rechazo al intento de privatización encubierta que lleva adelante la gestión de Jorge Macri. A partir de las 20, se presentaron en el CAFF: Orquesta de la EMPA, OT Misteriosa Buenos Aires, Cuarteto Mulenga, Lucrecia Merico con Juan Iruzubieta, La Guardia Nueva, Claudia Moreno y Eliana Sosa.

El 28 de septiembre se realizó la apertura de sobres con los oferentes para concesionar por cinco años a La Once Diez (AM 1110) y La 2×4 (FM 92.7), se trata de Green Umbrella Producciones SA, Kligger SRL, y Rodolfo Héctor Herrera.

Los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires reiteraron su rechazo a este intento de privatización encubierta. Advierten que la decisión del Ejecutivo porteño incumple el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza la existencia de medios de comunicación propios destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación.

El 1º de octubre se cumplieron 30 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y a pesar de que participó en varios eventos de conmemoración el jefe de gobierno, Jorge Macri, continúa sin respetarla.
A su vez, Macri tampoco respeta el artículo 44 de la Ley 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), que establece el principio de indelegabilidad de la explotación de los servicios de comunicación audiovisual.

Es por esto que los trabajadores de las radios públicas iniciaron una presentación judicial desde el inicio del conflicto, en marzo cuando se llevó adelante la primera licitación, que resultó sin oferentes para las radios y que adjudicó el Canal de la Ciudad al Grupo Cale de Augusto Marini, mismo dueño de los streamings Blender y Carajo.

Ante la apertura de sobres de esta segunda licitación, reiteran su reclamo a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones para que den lugar a la medida cautelar solicitada para frenar el intento de privatización, un reclamo que ya cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía General de la Cámara de Apelaciones.

Incluso el ENACOM, el organismo nacional que regula los medios de comunicación, ya falló en contra del accionar del gobierno porteño.

Entre las distintas acciones que vienen llevando adelante los trabajadores y las trabajadoras también se encuentra el segundo festival de tango. Cabe recordar que La 2×4, con sus flamantes 26 años, es la única radio pública del mundo dedicada íntegramente al tango, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El miércoles 14 de octubre en el CAFF, ubicado en Sánchez de Bustamante 772 de la Ciudad de Buenos Aires, actuaron, a partir de las 20:00, la Orquesta de la EMPA, la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, el Cuarteto Mulenga, Lucrecia Merico con Juan Iruzubieta, La Guardia Nueva, Claudia Moreno y Eliana Sosa. Además musicalizó TDJMarcelo Rojas y condujeron Paula Sterczek y Graciela Raffa, dos de las emblemáticas voces de La 2×4.

«Marcha de las Velas» contra el ajuste en los hospitales porteños

Bajo la consigna “La salud pública se defiende”, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires (que nuclea a residentes y concurrentes de hospitales y centros de salud porteños) convocó para el jueves 22 de octubre a una nueva «Marcha de las Velas» en defensa de la salud pública, que partió a las 18:30 desde el cruce de avenida Las Heras y Bulnes, en el Parque Las Heras, y finalizó a las 20:00 en Plaza Houssay.

La convocatoria se realizó en el marco de la quinta semana de un plan de lucha por la recomposición salarial y contra el deterioro de las condiciones laborales. La Asamblea denuncia una pérdida del poder adquisitivo de 30 puntos desde 2023, jornadas laborales extensas, dificultades crecientes para sostener la atención sanitaria, y amenazas y hostigamientos contra quienes participan de las medidas de fuerza, que incluyen pedidos de listados de trabajadores adherentes y registros de asistencia que, según denunciaron, consignaron la palabra “Paro” incluso para residentes que estaban cubriendo guardias.

El conflicto comenzó a mediados de septiembre. Desde entonces, se realizaron paros y movilizaciones semanales con participación de hospitales y centros de salud de la Ciudad. El 1º de octubre, residentes y concurrentes volvieron a parar durante 24 horas y marcharon hasta el Ministerio de Salud porteño, a cargo de Fernán González Bernaldo de Quirós. En una jornada anterior, el paro había contado con la adhesión de 25 hospitales y efectores, según el relevamiento difundido por organizaciones del sector.

El reclamo central es una recomposición salarial del 30% para recuperar poder adquisitivo, junto con adicionales por guardias y por especialidades críticas, y un bono compensatorio retroactivo. La Asamblea denuncia que los ingresos quedaron rezagados frente a la inflación.

Las condiciones de trabajo también forman parte del conflicto: las y los residentes denuncian que pueden llegar a trabajar entre 70 y 90 horas semanales, con guardias de 24 horas e, incluso, extensiones de 36 horas. Los concurrentes, por su parte, denuncian que realizan tareas sin percibir salario y sin contar con derechos laborales básicos como cobertura por accidentes de trabajo. La Asamblea plantea que estas condiciones afectan tanto a quienes sostienen las guardias y los servicios como a la calidad de la atención que recibe la población.

En la misma línea, a los reclamos salariales y por condiciones laborales se suman las denuncias de hostigamiento y persecución por parte de las autoridades sanitarias porteñas.

La Asamblea también advierte sobre el vaciamiento del conjunto de la salud pública, las dificultades para acceder a medicamentos y turnos y la emergencia en salud mental. También rechaza cualquier intento de fragmentar la carrera profesional regulada por la Ley 6.035 y plantea la necesidad de ampliar la organización colectiva a los trabajadores de planta. En ese sentido, la propuesta de realizar asambleas hospitalarias conjuntas apunta a reunir demandas que atraviesan a distintos sectores del sistema sanitario.

Antes de la Marcha de las Velas, una funcionaria del Comité de Docencia e Investigación (CODEI) recibió a representantes del sector en una instancia de diálogo. La Asamblea anticipó que llevará allí el reclamo de recomposición salarial y la necesidad de respuestas concretas. Mientras tanto, sostiene la convocatoria a la movilización y reclama que el Ministerio de Salud escuche sus demandas sin represalias contra quienes ejercen el derecho a huelga.

Las y los residentes porteños volvieron a ganar las calles por salario y condiciones laborales

Marcharon el miércoles 14 de octubre al mediodía. Reclamaron por el salario y contra la precarización laboral que sufren. Es la 4ª jornada de paro y movilización, mientras las autoridades no solo no atienden su reclamo, sino que los hostigan y persiguen en los hospitales.

Miles de residentes y concurrentes volvieron a marchar en el centro porteño. Todas las semanas salen a la pelea a pesar del hostigamiento y la persecución que reciben de parte de las autoridades hospitalarias.

Marcharon una vez más hacia el ministerio de Salud pero esta vez no partieron desde el Obelisco, sino desde el sindicato AMM (Asociación de Médicos Municipales) donde llevaron el reclamo de que adhieran y se sumen a la pelea. Sin ser representados por los sindicatos de salud y profesionales, se tuvieron que organizar en la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA hace años. Quedó demostrado que es la organización construida desde las bases en forma democrática y que las autoridades desconocen. Mientras la Federación de Profesionales acompaña el reclamo pero sin tomar medidas de fuerza de conjunto, la AMM directamente no los acompaña solo intentan quedarse con la representación ante las autoridades pero desde ya sin reconocer las asambleas de base.

Al reclamo con el cual había iniciado ahora se suma la denuncia del hostigamiento y persecución que sufren de parte de las autoridades de los hospitales. El Gobierno de Jorge Macri no los recibe pero sí los persigue, violando en los hechos el derecho a huelga.

Creció en CABA el número de internaciones de niñas, niños y adolescentes por autolesiones o ideación suicida

Por Claudia Rafael – Agencia Pelota de Trapo

Aumentó, según Unicef, la tasa de suicidios en los varones de 20 a 29 años. A nivel nacional es deficiente y desigual la estructura de profesionales de la salud mental. En particular, de psiquiatras infanto-juveniles. Un alto porcentaje hace terapia con IA.

La vida, demasiadas veces, tarda tan solo segundos en deshilacharse. Instantes apenas de los que no se vuelve. Momentos a los que se llega tras el cúmulo amasado de angustias existenciales abonadas por infiernos íntimos combinados con un trayecto cotidiano intolerable. Y si la tendencia en el análisis va a ser la mirada maniquea de que todo parte de una psicopatología individual preexistente o bien que absolutamente todo se enmarca en un contexto social desolador, será la sociedad como tal la que se suicide. La clave quizás esté en empezar a mirar los modos de vivir y a examinar las herramientas para cobijar la pesadumbre del doliente.

Hace apenas unos días, un ícono musical para gran parte de los jóvenes, como Lali, se plantó en el escenario de la cancha de River y antes de cantar una canción icónica en la temática dijo que Argentina tiene la mayor tasa de suicidios entre 15 y 34 años. Y se preguntó qué estamos haciendo como sociedad. Es muy doloroso que nuestro país esté en el ranking del mal.

Luego cantó aquello de en esta puta ciudad todo se incendia y se va, matan a pobres corazones, que estrenó un joven Fito Páez tras el crimen de su tía y su abuela exactamente 40 años atrás.

Hace tan solo unas horas un joven de poco más de 20 años, suboficial en la Base de Morón, fue encontrado sin vida en lo que los investigadores sospechan se trató de un suicidio. Como también se sospecha de la muerte, hace apenas una semana, de un soldado voluntario de 19 años en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 en San Juan. En una larga lista que parece no encontrar final. Ni en la sociedad civil ni entre esa amplia porción de jóvenes que ven en las fuerzas de seguridad un salvavidas en un modelo de producción expulsivo.

Eso que Lali llamó el ranking del mal fue coronado por estas horas con números que reveló Unicef: hubo, entre los jóvenes de 20 a 29 años, un aumento del 14% de los suicidios entre 2014 y 2024. Varones jóvenes que no logran sostener sobre los hombros el peso de una mochila vital que les resulta demoledora.

Es imprescindible ligar esa estadística a las cifras que desnudó el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la capital argentina, CABA, acerca de las internaciones de adolescentes con riesgo suicida en hospitales públicos y privados.

En 2023 hubo 596 internaciones; en 2024, fueron 594 pero en 2025 se produjo un salto a 686. Ese año, la ideación suicida abarcó al 49,4 % de esas internaciones; los intentos representaron el 38,9 % y las autolesiones, el 11,7 %. Cuando el MPT desgaja los porcentajes por género, el 72,4 % de las internaciones correspondió a mujeres y apenas un poco más de la mitad, a adolescentes entre los 13 y los 15 años.

El grueso de las internaciones por ideación suicida corresponde a mujeres mientras que la mayoría de los resultados fatales pertenece a varones. ¿Cuál es la particularidad de cada género para un resultado u otro? ¿Qué exigencias y qué acorralamientos fogonean mayores angustias en uno u otro género?

Suenan las luces de alarma al diseccionar las edades. Entre quienes tienen menos de 13 años se produjo también un crecimiento que inquieta: en 2024, el 5,9 % de las internaciones por riesgo suicida abarcaba a niñas y niños de menos de 13 años. Y en 2025 hubo un salto que llevó esa tasa a 7,2 %. Con un elemento de peso: el mismo informe del MPT señala que uno de cada dos niñas, niños o adolescentes tuvo dos o más internaciones por riesgo suicida.

Pero no sólo se trata de poner bajo la lupa el análisis por edades o por género. Es imprescindible sondear en los territorios, en estadísticas imposibles, porque la problemática se torna más compleja en los sectores socioeconómicamente más golpeados. Ya sea porque las dificultades para la vida cotidiana son más agudas por déficits varios sino porque es mucho más complicado el acceso a la atención de la salud mental.

Y si ya de por sí los servicios de salud están estallados, analizar el número de profesionales de la psiquiatría a lo largo y ancho del país brinda algunas respuestas. Los psiquiatras infanto-juveniles representan en el territorio argentino alrededor del 11 % del total de psiquiatras. Pero la disparidad y la desigualdad se profundiza cuando se revela que CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tiene una tasa de 6,5 psiquiatras infanto juveniles cada 100.000 habitantes. Por fuera de ese territorio todo el resto del país (excepto Mendoza, que cuenta con 1,6 cada 100.000) no llega a un solo especialista en psiquiatría infanto juvenil en esa proporción poblacional.

Siempre se repitió casi como muletilla que dios atiende en Buenos Aires pero es una realidad imposible de soslayar que el territorio actualmente gobernado por Macri el Primo representa el 6,73 % del total de la población argentina. Números que no hacen otra cosa que confirmar la histórica muletilla.

Hay una creciente fragilización de las estructuras institucionales de atención de la salud que se profundizan aún más en la hermanita pobre del sistema que es la salud mental. Pero esa fragilización es más honda aún porque la sociedad en sí misma está avasallada por un modelo que le exige más consumo, mayor competencia y le pone del otro lado del espejo modelos exitistas imposibles de alcanzar.

Con la incongruencia de que en tiempos de angustia colectiva los presupuestos destinados a las estructuras de salud mental van siendo minados año tras año. Contra el 10 % establecido por la ley, en 2024 se destinó el 1,82 % del presupuesto; en 2025, un 1,68 % y este año, 1,42%.
Apenas unos cuantos años atrás el tema de la salud mental y particularmente la problemática de los suicidios no formaba parte de las conversaciones familiares y sociales y menos aún eran tema de agenda en los medios periodísticos. Constituían un tabú en el diálogo y en el abordaje social.

Hoy es un tema recurrente y la creciente dificultad para acceder a los servicios de salud, abonada por el incremento de las soledades y del encierro en el mundo de las redes sociales va llevando a una parte de la población a buscar respuestas en el universo digital. Y a recurrir a la Inteligencia Artificial para hallar respuestas terapéuticas ante el crecimiento de las angustias o las ansiedades. Si bien poco más del 92 % (según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada) preferiría terapias con profesionales de carne y hueso, las demoras para los turnos, las dificultades económicas para acudir al sector privado o el encierro social creciente terminan conduciendo a un diálogo con chatbots.

Claramente un mayor presupuesto para la salud mental, una mejor distribución de las estructuras de atención y de los profesionales del área redundaría en una mejora en la calidad de vida. Pero es imprescindible ir a las raíces más profundas. Aquellas que fueron moldeando una sociedad rota cuyas esquirlas impactan de lleno en los vínculos, en las redes (no aquellas tecnológicas sino en las de carne y hueso), en los modos de vivir y de producir.

Una sociedad que acepta mansamente que sus generaciones más jóvenes no encuentren una salida vital y se hundan en la oscuridad es una sociedad que camina a paso sostenido hacia la autodestrucción.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, ANRed.