Milei habló sin pruebas de “30.000 t3rr*r15t4s”: ¿Maniobra distractoria o represiva?

No hay un solo número que le sirva a Javier Milei para sostener que en Argentina hay o hubo 30 mil terroristas y que fueron expulsados del país en los últimos dos años. Según la Procuración General de la Nación (PGN), en la justicia federal, tramitan 92 causas por delitos que pueden considerarse constitutivos de terrorismo. Si bien todo indica que en el relevamiento hay expedientes por criminalización de la protesta, la cifra no abona la teoría de Milei de que hay sediciosos por todos lados buscando derribar su modelo económico.

Cada vez que el Presidente no logra explicar por qué la economía no despega, recurre a la teoría de la conspiración. El domingo, después de un viaje a Estados Unidos que no llevó tranquilidad a los mercados, Milei sostuvo que había sufrido siete intentos de golpe de Estado –por la cantidad de pedidos de juicio político– y que habían expulsado a 30 mil terroristas (10 mil en 2025 y 20 mil en lo que va del año).

Más allá de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad y del vocero Adrián Ravier para darle sustento a la afirmación del Presidente, lo único que podría ser un acercamiento al número es la cantidad de personas que llegan a la frontera y no son admitidas. Esto puede deberse a falta de papeles o a que las autoridades migratorias descreen que se trate de turistas. Nada indica que sean terroristas.

Desde julio de 2018 funciona en la PGN una Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que releva los casos que tramitan en la justicia federal. En 2019, Eduardo Casal firmó la resolución 67 a través de la cual dispuso que los fiscales deben informar a la SAIT los casos que instruyen en base a los artículos 41 quinquies, 213 bis y 306 del Código Penal.

El artículo 41 quinquies duplica las penas de aquellos actos que puedan considerarse hechos con la finalidad de atemorizar a la población. Se incorporó al Código Penal en 2011 como parte de las leyes antiterroristas que reclamaba el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El 213 bis refiere a quien forma parte de asociaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. El 306, por su parte, refiere a la financiación del terrorismo.

Según el último relevamiento público de la SAIT –que data de 2022–, en ese momento había cinco causas por el 213 bis (asociaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor), doce por el 306 (financiamiento del terrorismo), quince por el 41 quinquies (agravante) y un trámite de extradición.

Página/12 tuvo acceso a los últimos datos relevados por la SAIT, que muestran que, desde entonces, se triplicaron los expedientes vinculados a delitos que podrían asociarse con el terrorismo. Posiblemente esto se explique por la retórica antiterrorista de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

En 2026, las causas que más crecieron son las que se instruyeron por el artículo 213 bis. Es una figura que se usa para una multiplicidad de causas. Por ejemplo, la había usado la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para procesar a los militantes que escracharon a José Luis Espert en su casa y, en ese acto, arrojaron estiércol. Según la magistrada, desde que la Corte Suprema había confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, se había desatado un clima de “sedición”. El fallo fue descalificado en duros términos por la Cámara Federal de San Martín. Hay otras causas de muy distinto tenor que se instruyen por el 213 bis. En julio pasado, fue elevado a juicio Carlos Pampillón, dirigente de distintas agrupaciones neonazis de Mar del Plata, que no es considerado “terrorista” por la acusación pública.

En la actualidad, hay 41 causas abiertas por el artículo 213 bis, lo que implica que el número de expedientes se multiplicó por ocho desde 2022. Las que se instruyen por financiamiento del terrorismo se duplicaron: actualmente son 24. Lo mismo pasó con las que se sustancian bajo el artículo 41 quinquies, que, en la actualidad, son 27. La PGN no informa expedientes de extradición vinculados a terrorismo en las estadísticas a las que tuvo acceso este diario.

En la última semana, el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio a cuatro manifestantes que fueron detenidos en el marco de las protestas contra la reforma laboral que se aprobó en sesiones extraordinarias. El fiscal Carlos Stornelli pidió que se los enjuicie por tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública, todo esto agravado por el 41 quinquies. Sin ese artículo, los imputados podrían recibir penas que van desde los cinco hasta los quince años. Con el 41 quinquies, la pena se duplica y podría llegar a los 30 años de prisión.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sostiene la inconstitucionalidad del artículo 41 quinquies. Pero, además, explica que en la propia norma dice que no puede usarse contra quienes sean investigados “en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o derechos sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.

En junio de 2024, Stornelli se hizo eco de un tuit de la Oficina del Presidente para justificar una imputación contra los detenidos por protestar contra la Ley Bases. En ese momento, el Gobierno denunciaba actos de terrorismo en las calles.

Más recientemente, el Ministerio de Seguridad, que dirige Alejandra Monteoliva, denunció a quienes se manifestaron contra la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pidió que se los investigara como si hubiesen cometido actos terroristas.

Más allá de que el número de causas genera preocupación en organismos de derechos humanos, está lejos de sustentar la hipótesis de Milei. La propia Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) dijo que no manejaba una hipótesis de terrorismo político (de izquierda, que es el enemigo favorito de la gestión libertaria).

En línea con lo que sucede en Estados Unidos, Milei implementa un recetario que implica asociar a las personas migrantes con el terrorismo. Allí, se usa para justificar deportaciones masivas.

En octubre pasado, el Presidente creó un Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). Fue en el momento en que Donald Trump lanzó el salvataje económico que le permitió a Milei afrontar sin demasiados sobresaltos las elecciones de medio término. Fue tal el apuro para la creación del CNA, que, a los pocos días, el Gobierno debió cambiarle el nombre por decreto porque inicialmente se llamaba Centro Nacional Antiterrorista.

El CNA se conformó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. La SIDE prometió invitar a los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) a conocerlo, pero el convite todavía no se oficializó. Casal sí aceptó una invitación y sumó al Ministerio Público Fiscal al organismo antiterrorista. La representación recayó en los responsables de la SAIT.

Este miércoles comienza a discutirse en el Congreso la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tiene también su capítulo vinculado al tema, ya que oficializa la existencia del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que había sido creado también durante el macrismo.

El RePET ya no funcionará bajo la órbita de la Dirección de Reincidencia del Ministerio de Justicia, sino que pasará a la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF). Según explican en el Gobierno, esto se debe a una cuestión operativa: la UIF es el brazo nacional del GAFI.

Cualquier persona o entidad, de aprobarse la ley, podrá ingresar al RePET ante la sospecha “razonable” de la UIF. Esto, según advierten desde la oposición, abrirá una puerta hacia cualquier tipo de arbitrariedad.

Fuente: Página12