En conferencia de prensa, rompió el silencio y la parálisis que mantuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto a una de las medidas de la administración de Trump que, hasta la fecha, ha provocado la mayor indignación, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, sobre todo, después que se difundieron imágenes de niños desesperados y en llanto, encerrados en jaulas de acero.

Para contener las críticas sobre el tiempo de reacción del gobierno mexicano y mostrar que no se quedó con los brazos cruzados, Videgaray Caso informó que se entregó hoy una nota diplomática a través de su embajada en Washington y que la administración de Peña Nieto desplegó esfuerzos “en todos los frentes”.

El funcionario insistió en que anoche tuvo una plática telefónica con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interna -de la que dependen las autoridades migratorias- e indicó que hoy habló con Mike Pompeo, el canciller estadunidense.

“Es una comunicación respetuosa, pero no necesariamente coincidimos”, dijo. Agregó que sus contrapartes estadunidenses le dieron “explicaciones de carácter jurídico”, mientras que las autoridades mexicanas destacaron la importancia de la protección a los derechos humanos.

“No nos corresponde dilucidar la motivación jurídica o política sobre esta política (…) la condenamos”, añadió Videgaray.

“El gobierno de México no promueve la ilegalidad ni la migración ilegal”, aclaró al reiterar que el gobierno respeta la soberanía de la administración estadunidense en materia migratoria. “Pero no podemos quedarnos callados ante esta situación”, abundó.

Si bien el canciller aseveró que México mantiene una relación cercana con los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, no será sino hasta el próximo viernes 22 que representantes de los tres gobiernos se reunirán para agilizar el intercambio de información y “determinar acciones conjuntas”.

De hecho, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró en la conferencia que la “inmensa mayoría” de los niños separados vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, y que hasta la fecha las autoridades consulares tienen registro de 21 casos de menores mexicanos en esta situación.

“El gobierno de México no tiene capacidad para proteger a los niños centroamericanos en nuestros consulados”, dijo.

No sólo eso: también aseveró que en México “no se criminaliza la migración”, a pesar de los reiterados informes y denuncias sobre el incremento del número abusos y violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos en su tránsito por México, especialmente desde que el gobierno de Peña Nieto implementó el polémico Plan Frontera Sur, en el verano de 2014.

Una de las principales preocupaciones de los equipos consulares mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos recae en que las autoridades migratorias estadunidenses a menudo no incluyen en la misma ficha a los padres y sus hijos, lo que dificulta mucho la reunificación, ya que a veces se encuentran detenidos en centros separados por miles de kilómetros.

“Sabemos de muchos casos en los que los padres no pueden llamar a sus hijos”, deploró.

El gobierno mexicano se comunicó además con los organismos de la ONU en Nueva York y Ginebra -en esta ciudad de Suiza se encuentran los comités de derechos humanos de la ONU-, así como con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Les urgió a seguir de cerca “este lamentable fenómeno”, dijo Videgaray.

La SRE, a través de Videgaray, no fue la primera institución mexicana en condenar públicamente la medida de Trump. Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo autónomo, se sumó a la solicitud de los ombudsperson de Colombia, Guatemala y Honduras a la CIDH para frenar la separación familiar.

A pesar de las severas condenas internacionales y de que la indignación ante la situación de los niños se propagó en el mismo Partido Republicano y entre figuras conservadoras, eclesiásticas y empresariales, Trump aseveró ayer que “Estados Unidos no será un campo para refugiados y no será un centro de espera de refugiados. No lo será”.

Fuente: Nodal