Esto de acuerdo a las informaciones recabadas con las familias afectadas, que señalaron que la agente aparentemente contaba con una orden de cateo, pero lo que ejecutó en terreno fue un desalojo con desahucio.

Siempre según las familias denunciantes, el operativo destruyó 25 viviendas, 800 metros de líneas eléctricas instaladas en el pasado por las familias y el propio Estado paraguayo, un pozo artesiano, varios metros de cañerías de alimentación de agua, una motobomba y dos hectáreas y media de cultivos de alimentación como mandioca, maíz, banana, piña, mandarina, ciruela…

Otras consecuencias fueron la pérdida de alrededor de 40 gallinas de las familias, que murieron o desaparecieron del lugar, de acuerdo a informantes locales.

De comprobarse la situación, estaríamos ante un nuevo caso de una agente fiscal que se extralimita en sus funciones, ejecutando un procedimiento como el desalojo, que corresponde exclusivamente al ámbito civil de la Justicia, y no a fiscales.

Esta irregularidad de agentes públicos es una práctica general en el país, y en el pasado ya generó un profundo impacto sobre la sociedad paraguaya y la calidad de la democracia en casos análogos, como el de Curuguaty, que terminó en una masacre con 17 muertes y la deposición de un presidente de la República.

Las familias afectadas aseguran que las tierras forman parte de una colonia estatal denominada Yoayu Manzana Santa Elena, que la ocupan hace 15 años, por lo que ya cuentan con derechos de posesión.

Dijeron que gran parte de los lotes pertenecieron en el pasado a una familia de agricultores de apellido Giménez, que ya fallecieron, y que repentinamente habría aparecido una persona de apellido Ramírez Infante, que se atribuye la propiedad.

Comentaron que el operativo hizo añicos la construcción comunitaria de 15 años de trabajo y dejó a las familias al borde de otro asentamiento vecino, donde actualmente están hacinadas y en zozobra.

También aseguraron que ninguna institución estatal los asistió durante el desalojo, ni menos aún les orientó a otro lugar para la reubicación, un protocolo humanitario del derecho internacional de los derechos humanos al que está obligado el Estado paraguayo.

Qué dicen las leyes y tratados sobre el desalojo

Tanto las leyes nacionales como los tratados internacionales homologados por el Estado paraguayo establecen que el desalojo se debe dar solamente tras un juicio en el fuero civil de justicia, y que se deben agotar todas las instancias para, en lo posible, no llegar a ejecutarlo.

En el caso de ser inevitable su ejecución, el Estado paraguayo el que debe cargar con la responsabilidad de la situación de crisis humanitaria que se genera con las familias desalojadas.

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