Colombia se ha dispuesto, en medio de muchas contradicciones, a buscar una salida política a un conflicto social y armado que lleva más de cincuenta años. 

Dichos esfuerzos concluyeron en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera con la guerrilla de las FARC-EP, el cual se encuentra en fase de implementación[1] y atraviesa una importante crisis por la falta de cumplimiento del Gobierno con lo acordado. Mientras tanto, el 30 de marzo de 2016 se hizo público el inicio de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad de Caracas[2].

El 7 de febrero de 2017, el Gobierno de Colombia y el ELN dieron apertura oficial a los diálogos de paz con el fin de subscribir un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar las transformaciones sociales que necesita el país. Este proceso se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, y se encuentra en una profunda crisis debido al cambio de Gobierno, a los intereses encontrados de ambas partes y a la falta de confianza fruto de los incumplimientos del Acuerdo con FARC-EP.

La complejidad del conflicto colombiano, su larga duración en el tiempo y la aparente apuesta por introducir en el proceso elementos para construir una nueva Colombia más allá de la violencia, como el componente de género o el indígena, han hecho que se hayan puesto todas las miradas en el proceso. De hecho, el Acuerdo, su implementación y el diálogo con el ELN no sería posible sin la intervención de la ONU y las Agencias Internacionales de Cooperación de ciertos países como Noruega, Inglaterra, Canadá y por supuesto EEUU.

Los ríos de tinta

La posibilidad de dar fin al conflicto armado más largo de la historia ha generado cientos y cientos de artículos, reportajes, libros y noticias. A pesar de ello, la mayoría de la gente en Colombia desconoce cómo se ha dado el proceso y cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron el Gobierno de Santos y las FARC-EP. Tampoco hay suficiente información veraz sobre la negociación que se adelanta actualmente con el ELN, sobre el traslado de la Mesa de Quito a la Habana y sobre la parálisis que mantiene el Gobierno de Duque.

Destaca, igualmente, la manipulación que los medios hacen sobre el movimiento social y el trabajo de las personas defensoras de derechos en los territorios, a quienes se retrata, salvo contadas excepciones, vinculadas a la guerrilla o el narcotráfico como parte de una estrategia estatal por criminalizar y perseguir al movimiento social.

Además, sucede que las organizaciones sociales y el movimiento social se ha entregado, en general, para lograr que el proceso vaya hacia adelante. La gran mayoría de la izquierda ha unido las pocas fuerzas que le quedaban para que el sí triunfe y que al fin la paz sea un objetivo posible. Respecto a esto, los medios tampoco han estado a la altura de la implicación, ni han sido justos con sus víctimas, y han mantenido una postura estatalista que invisibiliza los logros del movimiento y criminaliza los procesos de defensa de la tierra y los bienes naturales. Otra vez se demuestra que en Colombia los medios siempre han estado al servicio de las grandes empresas multinacionales y de la institucionalidad.

Del esqueleto de los medios

La arquitectura de los medios colombianos obedece a intereses claros por mantener la estructura capitalista de extractivismo y expolio de la tierra. No podemos olvidar que los principales periódicos del país pertenecen a algunos de los hombres más ricos de América Latina. Uno de ellos es el colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, que en 2012 cerró la compra del 55 por ciento de la Casa Editorial El Tiempo. Es dueño del Grupo Aval, que tiene un 30 por ciento en la participación del mercado financiero colombiano[3].

Esta no es una cuestión menor, ya que las raíces del conflicto en Colombia se encuentran en el uso de la tierra, en el control de los recursos y en un capitalismo devastador que despoja a la población campesina, indígena y afrodescendiente de sus tierras en beneficio de las multinacionales y los grandes empresarios. En este proceso, lo que se está jugando en Colombia no es el cese de la guerra, sino la construcción de un nuevo país, es la posibilidad de abrir diálogos sobre el modelo productivo, comercial, político y social. Sin embargo, el debate mediático sobre la paz se ha centrado en el cese de la violencia, priorizándose temas como el desarme y la reinserción, y dejando de lado las cuestiones relativas al reparto de la tierra, la incorporación de enfoques diferenciales, la erradicación de la violencia hacia las mujeres o el uso y explotación de recursos.

En este contexto, se hace necesario que los medios abran estos debates, promuevan la reflexión ciudadana y dejen espacio al movimiento social para expresar sus esfuerzos y luchas. Desde el inicio del proceso de paz se ha tratado de asegurar la participación de la población en los acuerdos y muchas organizaciones lo han dado todo para conseguirlo, jugándose demasiado en el camino. Pero esta apuesta por involucrar a las organizaciones en el proceso de paz no ha contado con un apoyo firme en las calles, lo que, en parte, se debe a que a los medios les ha faltado profundidad y han fomentado una narrativa de guerra marcada por el miedo, el abuso de las imágenes de violencia y la confusión respecto a las responsabilidades de los diferentes actores en el conflicto. Este lenguaje sensacionalista y amarillista aumenta el miedo y perpetúa la cultura de la guerra que lleva décadas arraigada en colombianos y colombianas.

A pesar de ello, hay esfuerzos dentro de algunos medios, como el diario El Espectador, que ha dedicado espacios para profundizar en las historias de la gente que vive el conflicto en lo cotidiano. También hay una pequeña red de medios alternativos que se esfuerzan por mostrar otras historias del conflicto y denunciar los incumplimientos por parte del Gobierno, así como por dignificar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos que están jugándose la vida por la paz. Sin embargo, estos pequeños medios no pueden competir con el alcance de los grandes y se mueven en círculos reducidos.

Tras los últimos resultados electorales, con el triunfo del ya presidente Iván Duque, se presenta un futuro complicado para las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos. Las propuestas de Duque indican que la defensa de la tierra frente a las multinacionales se va a hacer cada vez mas necesaria, pero también mas peligrosa. También peligran los derechos conseguidos por la comunidad LGBTIQ, la incorporación del enfoque de género y la cuestión afro e indígena.

Para este Gobierno, no son prioridades. De hecho, desde el triunfo en las elecciones hasta hoy, el número de líderes y lideresas asesinadas se ha disparado, llegando a 397 agresiones individuales contra defensores y defensoras de derechos humanos desde que se firmó el Acuerdo de Paz[4], y las amenazas de nuevos (y no tan nuevos) grupos armados se extienden por el país. Lograr no destruir lo conseguido y seguir construyendo la paz es una responsabilidad en la que los medios tienen mucho que decir. Está de su mano posicionarse del lado de la gente que sufre las consecuencias del conflicto y trata de vivir dignamente en el campo, o seguir el juego al Gobierno y el capital generando articulando un entramado de persecución y manipulación para acabar con la izquierda colombiana.

 

*Lara Gil Menés y Blanca Lucía Valencia Molina trabajan con Paz con Dignidad en Colombia en la defensa de los derechos humanos.

Artículo publicado en el nº 78 de Pueblos – Revista de Información y Debate, “¡Hasta siempre!”, tercer cuatrimestre de 2018.

Notas

[1] Acuerdo Final, 24/11/2016.

[2] Agenda de Negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

[3] “Luis Carlos Sarmiento ya controla El Tiempo”, artículo publicado el 19/04/2012 en www.dinero.com.

[4] Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2018. Comunicaciones del Programa Somos Defensores.