En agosto 2017 los rohinyas fueron víctimas de una ola de violencia que, si bien no fue la primera de su historia, ha sido – a causa de su intensidad y su alcance – la peor que hayan sufrido.
Esta minoría musulmana, originaria de la región birmana de Arakan, contabilizó solo en ese mes más de 6.500 asesinatos, innumerables violaciones y la destrucción de 300 aldeas. No sin razón, la ONU la califica como «una de las etnias más perseguidas del mundo». En menos de un año, 700.000 rohinyas huyeron de sus tierras para refugiarse en la fronteriza región bangladeshí de Cox's Bazar, en la cual siguen y, probablemente, de la cual no volverán nunca. El drama es especialmente actual hoy, Día Mundial del Refugiado.
En enero de 2019, la enviada especial de la ONU encargada de supervisar la crisis del pueblo Rohinya en Birmania, Yanghee Lee, declaró: «La imposibilidad de un retorno de los rohinyas a Birmania, al menos en un futuro próximo, es evidente». El pesimismo que tiñe esta conclusión – expuesta en una rueda de prensa en Dhaka por la investigadora tras estudiar la situación, visitar los campos y dialogar con los diferentes partidos involucrados en la crisis – evidencia la inviabilidad del objetivo de la comunidad internacional: garantizar el retorno de los rohinyas.
Pero, ¿Qué quieren los rohinyas? Contrario a lo estimado por la comunidad internacional, el deseo de los rohinyas no consiste en regresar a cualquier precio. «Su retorno podría solamente ser calificado de voluntario si cumpliera con ciertas condiciones, puesto que, la opción del exilio les ofrece de momento una alternativa más segura que la de volver a sus tierras», según Carlos Sardiña Galache, periodista especialista en la crisis de los rohinyas. Solamente cuando les sea garantizada su seguridad, reciban la ciudadanía y les sean devueltas sus tierras confiscadas, los rohinyas querrán regresar a Birmania.
La exigencia de ciudadanía es la más compleja de satisfacer dado que, a pesar de sus diferencias, los dos principales partidos políticos de Birmania -la Liga Nacional para la Democracia y el Partido para la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo- concuerdan en su oposición a esta demanda.
Como subrayó Sardiña Galache, «según la propia ley de Myanmar fechada en el año 1982, se reconoce como ciudadano a todo aquel cuyos ancestros llegaron a Birmania antes del inicio del periodo colonial en 1823 u obtuvieron la ciudadanía en 1948 después de la independencia birmana». Siguiendo esta normativa, los rohinyas deberían ser reconocidos como ciudadanos ya que cumplen dichas condiciones. El especialista explicó que «esta incoherencia fue posible ya que a inicios de los años 1990 los documentos personales de los rohinyas, que acreditaban que podrían obtener la ciudadanía, fueron confiscados bajo la promesa de que se les daría el documento oficial de ciudadanía a cambio». Sin embargo, como indica Galache, «No se les otorgó la ciudadanía y los documentos desaparecieron». Sin pruebas oficiales y enfrentados a un gobierno, e incluso a un país, hostil, los rohinyas difícilmente podrán volver a su tierra y dejar atrás el exilio.
El diagnóstico internacional
El deseo de la comunidad internacional de que este exilio se acabe parece ser, en este contexto político, inalcanzable. Es una «clara manifestación de la tensión inevitable en el quehacer político entre deseos y realidades» en las palabras del embajador de España a Tailandia, Emilio de Miguel Calabia, quien concedió una entrevista a ABC. Guiada por este objetivo irrealizable en el corto plazo, la comunidad internacional se ha limitado a ofrecer asistencia humanitaria y apoyo financiero a los campos de refugiados. Esto resulta de percibir los campos de refugiados solo como instalaciones de emergencia e ignorar la probable sedentarización de los exiliados.
Sardiña Galache asegura que «las medidas aplicadas por la ONU, deben ser complementadas con políticas a medio y quizás también largo plazo que podrían consistir, por ejemplo, en proveer educación a los niños rohinyas en los campos y en crear empleos para los refugiados». La enviada especial de la ONU, Yanghee Lee, quien comparte esta visión, sostuvo que «el Gobierno bangladesí debe considerar la posiblidad de que los rohinyas permanezcan en su territorio por mucho tiempo y planificar un apoyo prolongado a esta comunidad».
Aun si la comunidad internacional aceptara la premisa de una posible prolongación del exilio, seguiría enfrentada a una crisis con varios frentes en la que «se debe simultáneamente proteger a los rohinyas, seguir apoyando el proceso de apertura democrática birmano iniciado en 2011, y promover la estabilización de un país, Birmania, que ha sido el teatro de repetidas insurrecciones étnicas desde su independencia en el año 1948» como explicó el embajador.
El plan de repatriación propuesto por el gobierno de Birmania -que dispone la verificación de los documentos de sólo unas 300 personas diarias- es otra muestra de la falta de voluntad birmana por que regresen. A este ritmo tardarían unos doce años en completar la repatriación. Empero, la demora e ineficacia de este plan birmano y el inadecuado diagnóstico internacional apoyan la visión pesimista de Lee y Sardiña Galache.