La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto emitido en 2016 por el gobierno de Yucatán para declarar al estado zona libre de transgénicos por afectar a las comunidades mayas y a la biodiversidad de la región, luego de que el pleno de ministros considerara que se habían invadido las atribuciones exclusivas de la Federación, contenidas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
La SCJN señaló que la declaración de zonas libres de transgénicos es una facultad exclusiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según el artículo 90 de la LBOGM, por lo que decidió invalidar el decreto emitido como resultado de las protestas de las comunidades indígenas y los apicultores mayas, quienes denunciaron que no fueron consultados para aprobar el cultivo de transgénicos, que implica el uso de herbicidas y glisofato que afecta a las abejas nativas y deteriora la biodiversidad de la región por su carácter de monocultivo.
El Colectivo Ma OGM, una de las que impulsó el decreto ahora inválido, lamentó la decisión del máximo tribunal del país y resaltó que el decreto no surgió del deseo del anterior gobernador de Yucatán, sino que fue un logro de las comunidades y una acción necesaria ante la falta de respuesta del gobierno federal.
De acuerdo con Luis Arturo Carrillo Sánchez, coordinador del colectivo, la decisión de la SCJN demuestra que la LBOGM “es la ley Monsanto, ahora ley Bayer Monsanto, hecha para servir a los intereses de las trasnacionales y no de los productores, no de los consumidores, no de la población en general, sino a los intereses comerciales de esos grandes consorcios”.
Los ministros de la SCJN indicaron que es necesario reparar las omisiones en el caso e incluir en el fallo un exhorto al gobierno federal para que responda a las peticiones de las comunidades de Yucatán.
Organizaciones ambientalistas y defensoras de los pueblos indígenas, colectivos, campesinos, apicultores y activistas lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre invalidar el decreto que reconocía a Yucatán como estado libre de transgénicos y que era “ícono de la lucha de las comunidades indígenas en contra de la siembra de transgénicos por casi una década”.
“Es preciso aclarar que esta sentencia no permite la liberación de siembra de transgénicos y exhorta a la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) a dar respuesta a las solicitudes de declaración de ZLOGM (Zona Libre de cultivos con Organismos Genéticamente Modificados) presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán”, destacaron en un comunicado organizaciones como Indignación, el Colectivo de Atención Comunitaria “Uyutzil Kaj” y el Grupo de Estudios Ambientales-GEA, así como apicultores y académicos.
Recordaron que en 2012 más de 2 mil apicultores mayas iniciaron los trámites para demandar la declaración de Yucatán como ZLOGM, pero que la respuesta de la autoridad agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria, por lo que tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida por la omisión de las autoridades federales.
La búsqueda por declarar el territorio de Yucatán como ZLOGM inició debido a las consecuencias del cultivo de transgénicos, como los impactos sociales, incremento en tasas de deforestación, contaminación de los mantos freáticos por el uso de agrotóxicos, en particular por el herbicida glifosato, así como la contaminación de la miel con polen transgénico que pone en riesgo su calidad de exportación.
Por ello, las organizaciones llamaron al gobierno federal a que “haga realidad sus promesas de campaña de rechazar la introducción y siembra de transgénicos en todo el país, enviando al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de OGM para que se prohíban los cultivos transgénicos en definitiva”, así como responder de manera positiva a los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab para declararlos ZLOGM.