Por Sergio Alvez para canalabierto.com.ar
Mientras el presidente Jair Bolsonaro sitúa en el cenit del poder su discurso estigmatizante y criminalizador contra activistas que defienden la naturaleza y contra los pueblos originarios, Brasil se convierte en el país más peligroso del mundo para los ambientalistas. De 300 defensores de la Amazonía asesinados en la última década, sólo 14 casos terminaron ante un Tribunal. Duro informe de la ONG Humans Right Watch.
De publicación reciente, el informe de 169 páginas, “Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon” (Mafias en la selva: Cómo la violencia y la impunidad propician la deforestación en la Amazonía brasileña), elaborado por la organización no gubernamental Humans Right Watch (HRW), denuncia, entre otras severas situaciones, que por los casos de las más de 300 personas defensoras de la selva amazónica (activistas, funcionarios, líderes indígenas, etc) que fueron asesinadas por mafias delictivas vinculadas a la deforestación y el agronegocio, solamente 14 imputados han tenido que comparecer ante la Justicia.
“Más de 300 personas fueron asesinadas en la última década, en un contexto de conflictos por el uso de la tierra y las reservas en el Amazonas.Todos los días hay personas que arriesgan su vida al intentar defender la selva amazónica del apeo ilegal de madera nativa y otras actividades depredatorias. Estas personas, son agentes públicos que trabajan en las agencias de defensa ambiental del país, policías que combaten crímenes ambientales, pequeños agricultores, integrantes de pueblos originarios que patrullan sus territorios a pie para defenderlos de los depredadores. Las mafias del negocio maderero asesinan y arrasan, ante la escasa o nula acción del Estado, a todo aquello que se interponga en su camino” advierte el informe en su preámbulo.
“Más de 300 personas fueron asesinadas en la última década, en un contexto de conflictos por el uso de la tierra y las reservas en el Amazonas.Todos los días hay personas que arriesgan su vida al intentar defender la selva amazónica»
Mafias organizadas
Este relatorio, da cuenta de un accionar adjudicado a “las mafias organizadas” que operan en el Amazonas, ostentando una gran capacidad logística para llevar a cabo la extracción, el procesamiento y la venta de madera a gran escala. El “producto” más buscado por estas mafias es la madera del árbol “ité”, una de las maderas tropicales más demandadas del mundo, de nombre científico Tabebuia ssp. Este árbol solo habita las zonas tropicales de Centroamérica y América del Sur. En el caso de Brasil, el ipé es un símbolo nacional.
“Esta y otras especies son derribadas para la venta como madera, y los desmontes además sirven para dar lugar al ganado o el monocultivo. Todo esto forma parte de un solo negociado” advierte HRW.
En este contexto, los perpetradores de la violencia en la Amazonía brasileña, escasas veces son llevados a la Justicia. Fue la Comisión Pastoral de la Tierra, la organización que abordó la labor de analizar los más de 300 casos de asesinatos vinculados a conflictos ambientales en el vasto territorio amazónico. Sólo 13 personas llevadas a juicios y en el caso de los más de 40 casos de ataques con heridos y amenazas, ningún imputado pese a las reiteradas denuncias.
De acuerdo a lo expresado por fuentes oficiales y agentes ambientales, esta impunidad está motivada, entre otras cosas, por el fracaso de la fuerza policial para conducir las investigaciones de estos crímenes de manera adecuada. La policía en tanto, reconoce estas falencias y las atribuye a las distancias existentes entre los escenarios de los crímenes y las delegaciones policiales.
Para conocer la dinámica de la impunidad, HRW entrevistó a numerosos agentes y funcionarios policiales que actuaron en la investigación de 16 casos de asesinatos cometidos en territorios indígenas del Maranhao desde 2015 hasta la actualidad.
“Se identifican fallas muy graves en la investigación policial. En dos casos por ejemplo, la policía ni siquiera llegó al lugar del crimen. En 5 casos no hubo autopsias. Pese a que se esgrime la distancia o que los crímenes ocurren en lugares remotos, hemos podido corroborar que hubo casos que ocurrieron en zonas urbanas con delegaciones policiales e igualmente fueron mal investigados” reseña HRW.
“Desde hace tiempo las comunidades indígenas y otros residentes locales tienen un papel importante en las iniciativas brasileñas orientadas a reducir la deforestación, al poner en conocimiento de las autoridades actividades de tala ilegal que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. La disminución del control en el cumplimiento de las leyes ambientales incentiva la tala ilegal. Esto hace que los residentes locales se sienten más presionados a asumir un papel más activo en la defensa de la selva, y de esta manera, se arriesgan a sufrir represalias” añaden.
“Jair Bolsonaro redujo la fiscalización ambiental, desmanteló agencias de control ambiental e inició una feroz campaña de desprestigio, ataque y criminalización de las personas o grupos que defienden la selva”
En el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de 2015, Brasil asumió el compromiso de contener el calentamiento global y para ello, combatir y eliminar la deforestación en la Amazonía (cuyo 70% está en Brasil). Para hacerlo, Brasil debería actuar con firmeza sobre los grupos delictivos y las mafias que depredan la selva amazónica y masacran a quienes la defienden.
“Durante su primer año de gestión como presidente, Jair Bolsonaro mostró nulo interés en cumplir el compromiso diplomático asumido por Brasil. Por el contrario, redujo la fiscalización ambiental, desmanteló agencias de control ambiental e inició una feroz campaña de desprestigio, ataque y criminalización de las personas o grupos que defienden la selva” enuncia el informe de HRW.
Por Sergio Alvez para canalabierto.com.ar