Un ataúd con la imagen del presidente chileno, Sebastián Piñera, arde en llamas durante una protesta en Santiago, 29 de noviembre de 2019. (Foto: AFP).

El 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, capital chilena, ha anunciado este martes como “admisible” una querella presentada el pasado jueves por el senador chileno Alejandro Navarro contra Piñera por delitos de lesa humanidad durante la represión de las protestas por parte del Gobierno a partir de 18 de octubre.

Entre los delitos que le imputan al mandatario chileno hay nueve de lesa humanidad, entre los que se encuentran homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales durante la represión de las protestas antigubernamentales por parte de los Carabineros. El presidente chileno se podría enfrentar 20 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

Asimismo, sobre él pende la acusación de “mutilación” de miembros importantes, como, por ejemplo, los 300 casos de personas que perdieron alguno de sus ojos debido a la brutal represión.

Además, en la querella se apunta a los ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y a los generales de Carabineros y el Ejército– Mario Rozas y Ricardo Martínez, respectivamente–, como responsables igualmente de estas violaciones a los derechos humanos.

Navarro, que presentó la querella en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, explicó que Piñera “será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el grado máximo una pena que va desde 15 años y un día a 20 años”.

Según Navarro, la querella tiene como objetivo que no queden impunes este tipo de delitos y señaló que no dejarán que ocurra lo mismo que con Augusto Pinochet (1973-1990), “quien murió sin haber pagado con un día de cárcel por los miles de muertos, heridos y detenidos desaparecidos durante la Dictadura”.

Al respecto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha apuntado, específicamente, a una violación del artículo 5° de la Ley 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra. 

El pasado 4 de noviembre, la Justicia de Chile inició las indagatorias correspondientes tras la demanda interpuesta por 16 abogados defensores de los derechos humanos, contra Piñera, y enseguida fue derivada al Ministerio Público.

En las protestas de Chile, que comenzaron el 18 de octubre, los Carabineros (policía militarizada de Chile) usaron munición real y gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes y provocaron decenas de heridos, con lesiones moderadas o graves.

Las marchas comenzaron contra una subida en el precio de la tarifa del metro en Santiago, pero luego se convirtieron en un estallido social que derivó en otras demandas, como la renuncia de Piñera y una nueva Constitución.

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