El fin de semana el gobierno de Chile publico el Oficio Presidencial N°18, que exigía el retorno de funcionarias y funcionarios del Estado a cumplir sus roles de manera presencial. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales interpuso un Recurso de Protección y realizó una acción pacífica frente al Palacio de la Moneda, respetando los protocolos de protección sanitaria y distanciamiento social. Sin embargo, personal de carabineros detuvo a las y los dirigentes que participaron de la manifestación que consistió en desplegar dos banderas que decían “Piñera presidente de los empresarios, y el costo lo pagan los trabajadores/as”, y “La crisis sanitaria y social no la pagan los trabajadores/as. Si a la vida”.

Entre los apresados, estuvo José Pérez Debelli, presidente de la ANEF, el gremio chileno que integra la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATE, que rechazó en esta conversación con Canal Abierto la estigmatización que el gobierno de Piñera, los grandes medios de comunicación y el poder económico impulsan sobre los servidores públicos.

“Intentan instalar algo perverso, que es la enemistad entre los ciudadanos que ven en los trabajadores del Estado un grupo de privilegiados que está en la casa. Tuvimos que salir a desmentir porque efectivamente seguimos trabajando”, aseguró.

¿Cuál es la situación real de los trabajadores del Estado en este momento en Chile?

– Es falso que estamos en las casas. Seguimos en los servicios esenciales, en sistemas de turnos, en trabajos especiales, y en un 60% de manera presencial en las reparticiones públicas. Gendarmería, Sename (Servicio Nacional de Menores), Inspección del Trabajo, Instituto Previsional Social, Aduana, Dirección de Aeronáuticas, Pesca, Servicio Médico Legal, por nombrar algunos, y un porcentaje que tiene las tareas administrativas están en sus casas trabajando vinculados con los servicios de manera remota y temporal. Es mentira el oficio firmado por los ministros de Hacienda y del Interior.

En Chile se aprobó una ley de teletrabajo para el sector privado, pero no se abordan nuestros planteos para mejorar las condiciones de los compañeros y compañeras porque la precariedad que tenemos en el Estado es muy grave.

La Contraloría General de la República es el órgano que fiscaliza el acto administrativo y emitió un dictamen para proteger derechos fundamentales como salud, el trabajo y los salarios de quienes  están en trabajo remoto circunstancial o temporal, asegurando que ya no necesitan ni licencia médica, ni permiso administrativo, ni feriado, ni descanso complementario, sino que en este momento excepcional, frente a la pandemia, lo que estamos colocando en foco es al ser humano y al autocuidado para evitar que las personas se mueran.

¿Qué es lo que intenta el gobierno de Piñera con esta medida?

– El viernes tuvimos conocimiento del Oficio que va en dos líneas, la primera que señalaba el retorno gradual de los funcionarios y funcionarias públicas al trabajo, y con eso intentaron instalar alar algo perverso, que es la enemistad entre los ciudadanos que ven en los trabajadores del estado un grupo de privilegiados que está en la casa, y reforzando ese mensaje con las cuñas del duopolio comunicaciones del Chile (NdA: los medios de los grupos empresariales El Mercurio y Copesa) , diciendo que tenían que volver al trabajo para cubrir las necesidades de los ciudadanos chilenos. Tuvimos que salir a desmentir porque efectivamente seguimos trabajando.

Sebastián Piñera ha pisado el acelerador para aprovechar esta pandemia, para acelerar las políticas neoliberales que, en su ADN como gobierno y como sector al que representa, tratan de poner a disposición los recursos del Estado, porque dicen que el Estado entrega recursos para el Fondo de Desarrollo para pequeños empresarios pero analizando en profundidad se puede descubrir que esos fondos son direccionados a los grandes consorcios.

¿Cuáles son las acciones que tuvieron que realizar para frenar la orden presidencial?

– El domingo hicimos una articulación con parlamentarios de la cámara de Diputados y del Senado, una conferencia virtual en la que participó Julio Fuentes, secretario General de la CLATE, para darle visibilidad internacional a esta arremetida que busca desprestigiar el rol del sector público, atentar contra la vida de los trabajadores.

Acordamos interponer un recurso de protección, sabiendo que la justicia en Chile no es proclive a los trabajadores y trabajadoras. Se presentó el domingo en todas las regiones, a la vez que impulsamos un plan de movilización para desmentir que no estamos trabajando, continuamos prestando servicios esenciales a los chilenos y chilenas y a los más desprotegidos del país.

El colectivo de las personas que no tienen trabajo, los chilenos y chilenas que están sufriendo las cesantías y la hambruna, piensan que los funcionarios públicos están en su casa, disfrutando un periodo de vacaciones y desconectados del mundo real.

Finalmente el gobierno tuvo que retroceder y aceptar el reclamo de los trabajadores…

– Tuvo que salir el domingo a la noche a señalar que no es ahora el retorno sino que sería para mayo, y habilitó a que los jefes de servicio eleven planes operativos para el retorno gradual.

El gobierno descomprimió la situación con esta declaración, pero su mensaje sigue siendo errático porque no hay una planificación, están acelerados porque están escuchando al gran empresariado, porque este gobierno, como el de Colombia, Brasil y Estados Unidos, escuchan a los grandes empresarios y por eso, a pesar de que los especialistas aseguran que la curva va en ascenso, pretenden abrir los centros comerciales, los bares, los cines, es como que estuviéramos saliendo y en realidad estamos aguardando una crecida exponencial.

¿Con que sectores aliados cuenta el gobierno para la campaña de desprestigio hacia los trabajadores del Estado y el resto del campo popular chileno?

– Los medios muestran imágenes de las Notarías públicas, en el centro de Santiago, que certifican los documentos para acreditar desempleo y se aglomeran las personas en las calles y en otras dependencias que tienen relación con el pago de fondos de cesantía para las personas que pierden el trabajo, y dicen que la gente se amontona esperando que los atiendan porque no está la dotación completa, pero se trata de manipulaciones perversas y mentirosas porque son espacios privados.

El pico de contagios va camino a presentarse entre fin de mes y las primeras semanas de mayo, cualquier mensaje errático que ponga por delante el apuro por el regreso a los lugares de trabajo de esas personas que están trabajando de manera remota, sería contradictorio frente a la cuarentena preventiva que tiene el Centro Cívico de Santiago, sería un descriterio y un acto criminal.

¿Cómo fue la situación de su detención?

– Desplegamos dos lienzos de 24 metros, frente a La Moneda. Éramos doce dirigentes manteniendo la distancia social pero fuimos detenidos arbitrariamente, por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Durante casi una hora nuestras familias y compañeros no sabían en qué comisaría estábamos; estuvimos casi cinco horas y recuperamos la libertad gracias a la presión internacional, el acompañamiento de organizaciones como ATE, CLATE, CTA Autónoma, la COFE de Uruguay, nuestros compañeros sindicalistas de Chile. Nos iniciaron una causa asociada a un artículo del  Estado de Excepción de no respetar el cerco sanitario, pero nosotros somos funcionarios públicos, exhibimos nuestras credenciales y no fue una acción masiva.

¿Cómo sigue la lucha de ANEF?

– Seguimos trabajando, tenemos experiencia en esto, estamos en los terremotos, en los tsunamis, las inundaciones, los incendios, estamos en la primera línea. Piñera dice que dialoga con nosotros y con todos los sectores, pero le interesa solo imponer, saca dictámenes que permiten a las empresas congelar la continuidad laboral y no pagar los sueldos mientras dure la supuesta crisis económica para las grandes empresas. Es vergonzoso porque las utilidades que han obtenido son universales, la banca, la salud privada, las isapres (Instituciones de Salud Previsional), ni hablar de las propias AFP (Administradoras de Fondos Previsionales), que no es un sistema de seguridad social por lo tanto hoy en día están golpeando las puertas del Estado para obtener un salvataje económico.

Fuente: Canal Abierto