El gobierno británico ha sufrido una contundente derrota en su intento de frenar la campaña pro-boicot a Israel del BDS (Boicot, desinversión y sanciones) en una larga batalla judicial en conjunto con la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC), la organización más grande del Reino Unido que hace campañas por los derechos humanos palestinos.

La Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC) ganó el caso histórico en la Corte Suprema hoy en contra de las “regulaciones” gubernamentales que pretendían restringen los Planes del Sistema de Pensiones del Gobierno Local (Local Government Pension Scheme - LGPS) de desinvertir en empresas que violan los derechos humanos lo que el Reino Unido ha considerado que esto podría afectar los intereses de la política exterior y de defensa del Reino Unido. Las regulaciones limitaron la posibilidad de desinversión encompañías involucradas o que se benefician de las violaciones de los derechos humanos de Israel.

Al presentar el caso legal, el PSC había expresado su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión, la extralimitación del gobierno en la democracia local y el derecho de los titulares de pensiones a tener voz y voto en la inversión y desinversión de sus fondos.

La batalla legal entre el gobierno y el PSC comenzó en 2016 cuando el Departamento de Comunidades y Gobierno Local emitió una guía que prohíbe a LGPS seguir adelante con la desinversión de estados extranjeros y la industria de defensa del Reino Unido. Esto incluía una prohibición contra la desinversión de las empresas sobre la base de que comercian con productos producidos en los territorios palestinos ocupados ilegalmente. Activistas de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión vieron la orientación como un intento de frenar el surgimiento del movimiento BDS.

El PSC solicitó una revisión judicial contra las directrices del gobierno en 2017. El desafío resultó en un fallo del Tribunal Administrativo que concluyó que la decisión de prohibir los fondos LGPS de este tipo de desinversión era ilegal. Luego, el Tribunal de Apelación revocó la decisión del Tribunal Administrativo en una audiencia en mayo de 2018. Sin embargo, en noviembre de 2018, se le otorgó al PSC autorización para apelar contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que anunció hoy que falló a favor del PSC.

El fallo se produce solo unos meses después de que el gobierno británico anunció su intención de introducir legislación para prohibir a los organismos públicos que impongan sus propias campañas directas o indirectas de BDS contra países extranjeros. La medida fue condenada ampliamente por los activistas de derechos humanos como un ataque a las libertades civiles.

El PSC ha enfatizado hoy que la derrota del gobierno en la Corte Suprema demuestra la ilegitimidad de sus intentos de reprimir las campañas de BDS.

"Esta victoria histórica representa un gran triunfo no solo para la campaña por los derechos de los palestinos, sino también por los principios fundamentales de democracia, libertad de expresión y justicia", dijo el profesor Kamel Hawwash, presidente de la Campaña de Solidaridad Palestina. "El fallo de la Corte Suprema envía un mensaje decisivo al Gobierno del Reino Unido de que no debería dictar cómo el sistema de pensiones del gobierno local elija donde invertir sus fondos, incluida la elección de no invertir en empresas cómplices de los abusos de los derechos humanos de Israel".

Hawwash señaló que en un momento en que Israel continúa intensificando su opresión en contra del pueblo palestino y sus actos ilícitos, incluida la anexión ilegal de grandes extensiones de Cisjordania ocupada, el gobierno británico debería actuar para salvaguardar el derecho internacional y defender los derechos humanos, y no atacar campañas pacíficas que buscan hacer precisamente eso. “El PSC continuará resistiéndose a cualquier intento de reprimir el activismo BDS, y extiendo un profundo agradecimiento a todos nuestros miembros y simpatizantes que nos han apoyado en cada paso del camino en este caso legal y judicial. Hemos demostrado lo poderoso que es este movimiento ".

Amie Potter, socia del equipo de derecho público y derechos humanos de Bindmans LLP, y abogada del PSC, agradeció la confirmación de la Corte Suprema de que el gobierno fue demasiado lejos al imponer sus opiniones políticas sobre la administración del dinero de los miembros de LGPS. "Los miembros de LGPS ahora tienen la libertad de actuar segun sus propios principios con respecto al papel del comercio de armas y los países extranjeros y en las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, al determinar cómo se invierten sus fondos de pensiones", agregó.

Fuente: Middleeastmonitor.com

Traducción y edición: PalestinaLibre.org