Contra las privatizaciones, los diputados federales Maria do Rosário (PT / RS) y Fernanda Melchionna (PSol / RS) se unieron este miércoles (6) con representación en el Ministerio Público Federal contra la iniciativa. Rosário entiende que privatizar el grupo hospitalario más grande de Rio Grande do Sul es inconstitucional. Melchionna, por otro lado, criticó el hecho de que el problema surgió durante la pandemia de covid-19 .

La administración de GHC, sin embargo, niega que el proceso esté en marcha. Eso es lo que el presidente Cláudio Oliveira le dijo a Brasil de Fato RS . “No hay proceso de privatización. Lo que tenemos es una propuesta para vender uno de los activos de GHC, que es el edificio del Hospital Fémina, que todavía está en la fase de modelado ”, respondió. También explicó que la institución aparece en la lista publicada por la Secretaría de Privatización del Ministerio de Economía “porque el GHC es una empresa estatal federal y, por lo tanto, privatizable. Pero eso no significa que esté en proceso de privatización ”.

Según la dirección, el Grupo Hospitalar Conceição “está compuesto por cuatro hospitales, una Unidad de Atención de Emergencia (UPA), 12 Unidades Básicas de Salud (UBS), tres Centros de Atención Psicosocial (CAPS), una Clínica Callejera y una Facultad. Cuenta con 9,200 empleados. Sirve al 35% de la ciudad de Porto Alegre y la región metropolitana. Su presupuesto para este año es de R $ 1,5 mil millones.

«Un crimen contra el interés público»

A pesar de impugnar que el proyecto está en marcha, la junta no niega la intención del ministro de Economía, Paulo Guedes, de vender el GHC. Se incluiría en la lista de empresas estatales que se privatizarían poco después de la pandemia, con el pretexto de obtener recursos para recuperar el proceso económico.

El presidente del Consejo de Salud del Estado, Cláudio Augustin, rechaza la posibilidad de venta. «El Consejo tiene una posición histórica contra la privatización de la salud resultante de numerosas conferencias de salud, a nivel municipal, estatal y nacional», enfatiza. “Está en contra de la privatización de GHC y HCPA. Privatizar un hospital público en medio de la pandemia de covid-19 es un crimen contra el interés público ”, refuerza. «En el momento en que el gobierno debe tomar el control de toda la red de hospitales para garantizar la asistencia a la población, declaran su intención de destruir el servicio público para complacer al capital financiero internacional», pregunta.

La enfermedad como un «gran negocio»

Augustin explica que el proyecto es antiguo y es parte del desmantelamiento del Sistema Único de Salud (SUS) y la entrega de la población brasileña a la industria de la enfermedad, representada por las grandes multinacionales de la zona. «La enfermedad es muy importante para la industria farmacéutica y la industria del diagnóstico, que involucra electrodos, tomografías computarizadas, resonancias, etc.», enumera. «Es un campo, continúa, altamente especializado y tiene un costo creciente. El sector de esta industria tiene un gran interés: la industria química que produce pesticidas y medicamentos en la industria farmacéutica. Un ejemplo de esto es Bayer: produce el veneno para que las personas se enfermen y el antídoto para curarlos «, registra.

Para él, está en marcha un proceso creciente de privatización de toda el área de la salud: “Va desde la atención primaria y está sucediendo en Porto Alegre con el intento de transmitir toda la atención básica a las clínicas. Tenemos en la industria farmacéutica casi todo privado. El Manguinhos (Instituto), de Fiocruz, y algunos otros laboratorios también permanecieron. Pero el resto del público ya ha sido cerrado, incluido Lafergs, de RGS ”, explica.

El proyecto es viejo

La ex superintendente del GHC durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, Sandra Fagundes señala que la lista de expropiaciones ha existido desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. La crisis, de hecho, retrata parte de la crisis económica e, incluso en términos de salud, explica situaciones que ya habían estado sucediendo. Por ejemplo, la congelación de recursos a través del llamado PEC da Morte (EC95) , el desguace del SUS y su privatización, aparecen con toda fragilidad en la pandemia cuando hay una sobrecarga de demanda. Una nueva situación hace explícitos los recursos que tiene, los recursos que faltan y los recursos que podría haber tenido si el desmantelamiento no hubiera sucedido.

Ella da un ejemplo con la política de salud mental de que sirve como profesional en el campo. “Soy un defensor de la reforma psiquiátrica y la lucha contra el asilo. Entonces, ya había una devaluación del gobierno de Temer, agravada en la situación actual del gobierno de Bolsonaro, de la descalificación de los centros de atención psico-social, los CAPS, y de la red psico-social y en la dirección de las comunidades terapéuticas ”, señala. “¿Qué está pasando ahora, continúa, en medio de una crisis? Con el argumento de la pandemia y también para proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores, se suspendieron varias actividades. Pero no se suspendió la forma de pago. Entonces están usando el argumento de que tienen menos producción y no se están logrando los objetivos. Luego reducen los recursos para este servicio. El siguiente plan es sofocar este tipo de servicio diciendo: ‘Mira, no tienes que,

La salud no es una mercancía.

En su opinión, la crisis también sirve para radicalizar la política que ya se estaba aplicando, la privatización y el cierre de los servicios. «En relación con los hospitales, ya que no se puede cerrar o privatizar de inmediato, porque se están demandando demasiado, GHC y Clínicas son referencias», dice. Al comienzo del período de Bolsonaro, la noticia ya estaba afuera, cuando anunciaron las 150 empresas estatales que serían vendidas. “Bajo la presión de hospitales y consejos, el gobierno eliminó estos dos hospitales. Ahora, con la crisis financiera que ya existe y que empeorará después de la pandemia, aprovecha la oportunidad para reinsertar las Clínicas y la Conceição ”, evalúa.

Ella argumenta que el problema no es financiero. Es el valor para el SUS y el valor del trabajo del sistema público. “Cerraríamos dos hospitales grandes. Ambos ya están bajo el derecho privado. Los empleados son CLT. Ninguno de ellos tiene empleados estatutarios. Lo que quieren es asumir la responsabilidad de la gestión del Estado y los gobiernos, la Universidad y el Ministerio de Salud, y con eso, trabajar en la dirección de lo que ya se sabe porque la práctica ha demostrado esto, una precariedad. Y más para trabajar la salud como negocio. Porque ni Clínicas ni GHC entienden la salud como una mercancía ”, concluye.

Edición: Vivian Fernandes y Ayrton Centeno

*Fuente: Brasil de Fato Rio Grande do Sul / Resumen Latinoamericano