De jefe de campaña electoral a ministro de Estado. Oscar Ortiz no juró con las manos vacías sino que el mismo día de su posición, 8 de mayo de 2020, recibió dos decretos a la carta: el primero que le autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agro cruceño, de donde viene, y el segundo lo convierte en el superministro del Consejo Nacional de Reactivación económica y del empleo por un tiempo de seis meses.
De jefe de campaña electoral a ministro de Estado. Oscar Ortiz no juró con las manos vacías sino que el mismo día de su posición, 8 de mayo de 2020, recibió dos decretos a la carta: el primero que le autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agro cruceño, de donde viene, y el segundo lo convierte en el superministro del Consejo Nacional de Reactivación económica y del empleo por un tiempo de seis meses.
De esa manera la presidente transitoria, ahora candidata presidencial Jeanine Añez, encomendó a Ortiz concretar la oferta del 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, de crear 600.000 fuentes de empleo en el área de la construcción y arreglo de vías.
Ortiz fue candidato presidencial por la alianza “Bolivia Dice No” y perdió las elecciones de octubre de 2019 al obtener el 4.41% de la votación nacional. Sin embargo en el gobierno transitorio accedió al poder y amparado en el decreto de emergencia sanitaria por el Covid.19, tiene la misión de volcar una millonaria inversión, canalizando recursos estatales y créditos de deuda externa.
El decreto presidencial Nº 4234, firmado por Añez y el ministro de la Presidencia Yerko Núñez –su excompañero de bancada opositora en el Senado por Unidad Demócrata– fue promulgado el 8 de mayo creando el Consejo Nacional de Reactivación cuyo presidente es el flamante ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz.
Dicho consejo está conformado por ministros de Energías; Hidrocarburos; Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Minería y Metalurgia; Desarrollo Rural y Tierras; Trabajo, Empleo y Previsión Social; y Medio Ambiente y Agua.
De acuerdo con el decreto presidencial colgado en la Gaceta Oficial, el Consejo tiene las siguientes funciones:
a) Ejecutar el Programa Nacional de Reactivación del Empleo para superar el impacto negativo de la pandemia del Coronavirus sobre la economía y las condiciones de vida de la sociedad boliviana;
b) Proponer proyectos de leyes, decretos supremos y otras normas, en el marco del Programa Nacional de Reactivación;
c) Formular y desarrollar políticas públicas de reactivación y empleo;
d) Coordinar con las entidades territoriales autónomas, la ejecución y desarrollo del Programa Nacional de Reactivación del Empleo;
e) Coordinar con las organizaciones gremiales representativas de los artesanos, pequeños, medianos y grandes productores de las áreas rurales, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de las áreas urbanas, la ejecución y desarrollo de políticas públicas y proyectos de Reactivación del Empleo;
f) Evaluar los resultados parciales para garantizar su cumplimiento, y en su caso reajustar los objetivos según las necesidades; y
g) Otros inherentes a la ejecución del Programa Nacional de Reactivación del Empleo;
Ortiz también tiene la misión de coordinar medidas y acciones con otros ministerios para la ejecución del Programa en el objetivo de superar los efectos negativos de la pandemia sobre las condiciones de vida, las fuentes de empleo y las unidades de producción económica de la sociedad boliviana.
El mismo decreto dispone que el plazo de funcionamiento de la Comisión será 180 días calendario, es decir hasta octubre de este año, coincidente con el plazo que reclama el gobierno para viabilizar las elecciones generales donde Añez busca reproducir el poder en base a los resultados de la gestión transitoria.
“Lo he invitado al gabinete con dos cosas en mente: la primera, que trabaje usted para reactivar la economía y el empleo solidario y masivo. Trabaje usted sin descanso en esa tarea. La segunda cosa que le pido es que cuide cada detalle para que la tarea de reactivar la economía y el empleo todo sea muy transparente”, dijo la presidente Añez a Oscar Ortiz quien sustituyó al empresario Wilfredo Rojo.
El segundo decreto es el Nº 4232 que autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agrocruceño y fue promulgado 24 horas antes de la posición de Oscar Ortiz. Hace una semana el ministro de Gobierno Arturo Murillo se comprometió a canalizar la demanda de los soyeros durante una reunión en Santa Cruz, donde reemplazó al exministro Rojo en las tareas de coordinación de la lucha contra el coronavirus.
Añez promulgó dicho decreto argumentando políticas de seguridad alimentaria, gestión de riesgos y el plan nacional de emergencia 2020 para la atención en diferentes sectores y entidades territoriales por el brote del coronavirus, con lo cual hizo realidad un viejo anhelo del agronegocio cruceño, un tema que el gobierno de Evo Morales trataba entre tira y afloja durante 14 años.
Pero el decreto despertó una ola de protestas de sectores ambientalistas que rechazaron el trabajo encargado a un Comité Nacional de Bioseguridad – manejado por el mismo gobierno – para que autorice previo análisis en procedimientos abreviados, el uso de semillas transgénicas para el cultivo del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos para garantizar el abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
En su primer viaje a Santa Cruz como ministro de Estado y despojado del cargo de Senador pero no de jefe de campaña, declaró a los medios de prensa que llegaba para coordinar con los sectores productivos la reactivación económica y así enfrentar la difícil época pospandemia.
Dijo que es necesario consensuar leyes que impulsen la reactivación como el alivio tributario, la aprobación de financiamientos y créditos internacionales para que los sectores productivos puedan desarrollar actividades y crear nuevos empleos.
Anunció su disposición de consensuar con sus antiguos colegas en la Asamblea Legislativa, donde la bancada opositora del MAS tiene una aplastante mayoría parlamentaria que no se sabe si daría paso a la aprobación de muchas leyes que, previo a las elecciones generales, podrían ser un instrumento de discurso político.
La reciente autorización del uso de transgénicos en el agro empezará con cuatro variedades por cada semilla. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que en un breve plazo se conocerá la variedad de semillas modificadas genéticamente que se usarán en la siembra de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
“Lo que ha habido es una autorización para que se pueda desarrollar -mediante un procedimiento abreviado- todo el proceso de análisis y estudio que llevaría ya a las autorizaciones específicas de cada evento, por decirle en términos fáciles, sería de cada semilla en cuatro productos que autoriza el decreto”, explicó.
Poniendo como argumento a la actual cuarentena por el coronavirus, el gobierno de Jeanine Áñez autorizó por decreto, y de manera excepcional, al “Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
Además instruye “tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; para lo cual el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, realizarán las evaluaciones correspondientes”.
Ortiz, recientemente posesionado como ministro de Desarrollo Productivo, explicó que todavía no se aprobó qué semillas modificadas se utilizarán en el agro, porque eso estará definido en función al estudio técnico y comparativo dispuesto.
La decisión tomada por el Gobierno desató diferentes reacciones. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su presidente, Marcelo Pantoja, apoyó la decisión y anunció que la medida permitirá triplicar la producción de granos.
Gonzalo Colque, director ejecutivo de la Fundación Tierra, cuestionó la medida y aseguró que en el Comité Nacional de Bioseguridad hay “un conflicto de intereses” porque está constituido por los ministros Ortiz, Eliane Capobianco y María Elva Pinckert.
A diferencia de lo establecido en el decreto, el artículo 24 de la Ley de la Madre Tierra prohíbe “la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana”.
El Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores, exige la derogación del decreto supremo 4232 del 7 de mayo último, por el que la presidenta Jeanine Añez autoriza el uso de semillas transgénicas para el cultivo del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados.
En su comunicado oficial advierte que la medida gubernamental pone en riesgo la diversidad genética de nuestras semillas nativas por consiguiente afectación seria a la diversidad genética que tiene el país.
Anuncian que interpondrán acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revocación del decreto porque transgrede la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el “Protocolo de Bioseguridad de Cartagena” que Bolivia ratificó mediante Ley Nº 2274 del año 2000.
Exigen implementar una alimentación sana, mediante el fortalecimiento a la agricultura familiar con enfoque agroecológico, para hacer frente a la pandemia, porque impulsar la semilla transgénica significa impulsar los intereses de las cadenas del agronegocio y procesamiento de alimentos que benefician mayormente a grupos económicos dominantes y no a la mayor parte de los productores.
Los agroecologistas pide que para alcanzar la meta de la soberanía alimentaria se fortalezca la producción familiar, campesina, indígena y agroecológica, que es la que en realidad abastece el mercado interno de alimentos que nutren a la población boliviana.
Pese al rechazo de productores ecológicos sobre el uso de semillas transgénicas para la producción de alimentos, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, señaló: “esto puede ser una respuesta importante para fomentar mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos a las exportaciones” .
Ortiz aclaró que aún no hay autorización para la producción de nuevas variedades de productos genéticamente modificados. “Todavía no hay una autorización de una variedad específica. Lo que ha habido es una autorización para que se pueda desarrollar mediante un procedimiento abreviado todo el proceso de análisis de estudio, que llevaría a las autorizaciones específicas de cada evento, de cada semilla, en cuanto a productos que autoriza el DS 4232”, manifestó la autoridad.
La organización Probioma (Productividad Biosfera y Medio Ambiente) emitió un comunicado para rechazar el uso de las semillas transgénicas y señaló que se pone en riesgo la salud; además, cuestionó el Decreto Supremo N° 4232 aprobado por la presidenta Jeanine Añez indicando que solo beneficia a grandes industrias químicas.
“La presidenta Áñez al aprobar esos cultivos transgénicos pone en mayor riesgo la salud de los bolivianos, saltándose las evaluaciones científicas necesarias para el ingreso de dichos cultivos destinados al consumo humano (…) este decreto sólo favorece a las grandes industrias químicas dueñas de estas tecnologías y de las semillas; con esta disposición, pretende liquidar la ya deteriorada seguridad y soberanía alimentaria de los bolivianos”, se lee en el comunicado.
La aplicación de semillas transgénicas también fue rechazada por la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb). Esa organización advirtió de consecuencias en la salud y la ecología, y calificó de irresponsable el tratamiento del decreto N° 4232 por parte del Gobierno.
“Nos resulta incomprensible e imperdonable que el Gobierno, en una actitud irresponsable abra el tratamiento de un decreto para apoyar el uso y promocione la producción de transgénicos. Cuando lo que en estos momentos de crisis se debería priorizar la salud de los bolivianos, el cuidado de la tierra y el medio ambiente”, enfatizó Aopeb.
El pasado jueves, la presidenta Jeanine Añez promulgó el DS 4232, que autoriza el uso de semillas transgénicas de productos como el trigo, el maíz, la caña de azúcar, el algodón y la soya HB4, entre otros, dentro del sector agropecuario.
En tal sentido, se debe dar cumplimiento hasta 10 días calendario computables a partir de la publicación del mismo, “el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”, como establece la norma.
Dicha medida ha sido cuestionada por varios sectores productores, debido al impacto que puede causar el uso y consumo de productos modificados genéticamente, tanto en la salud como en la economía y autonomía de los pequeños productores.