La medida se ordena por el "caso audio", en el que se acusa al mandatario depuesto de haber aupado, presuntamente, "el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales" en el país suramericano, después del golpe de Estado.
Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto de ese país, Evo Morales Ayma, por los delitos de "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo", en el marco del llamado "caso audio".
La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque "se evidenció" que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se habría coordinado con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.
Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el supuesto audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.
Según la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a "cometer actos ilícitos".
El Ministerio Público también señaló que, tras la "pericia en audiología" solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se determinó que "las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma".
Con estas pruebas preliminares, la Fiscalía boliviana solicitó la detención preventiva de Morales, quien se encuentra exiliado en Argentina, después del golpe de Estado perpetrado en su contra a finales del año pasado.
Tras conocer la imputación formal, Morales se pronunció en su cuenta de Twitter para rechazar que se emprenda un proceso judicial por terrorismo "con un audio alterado y sin ser notificado".
Para el mandatario depuesto, la acusación es "una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto", pero prometió que "pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho" a su país.
"Uso abusivo de la justicia"
El domingo pasado, Morales ya había denunciado en su cuenta de Twitter el "uso abusivo de la justicia" por parte de la derecha boliviana, "con el fin de inhabilitar candidatos y proscribir" a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En los últimos meses, el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien es favorito en los sondeos de cara a los comicios del 6 de septiembre, denunció un plan del Gobierno de facto, dirigido por Jeanine Áñez, para impedir su participación en las próximas elecciones generales.
"Lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan", señaló en Arce en su cuenta de Twitter, después de que la Gestora Pública, instancia que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó una denuncia contra él por la presunta compra de un software inexistente con sobreprecio para esta entidad, cuando el también exministro de Economía era presidente de dicho directorio.
Por otro lado, las autoridades de Cochabamba (Bolivia) informan del recojo diario de unos 23 cuerpos de fallecidos sospechosamente por coronavirus, de casas o espacios públicos.
Los casos de personas que fallecen en la calle o a las puertas de centros sanitarios con síntomas del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, se suceden desde hace semanas en distintas ciudades de Bolivia. Cochabamba, ubicada en el centro del país, se ha convertido en el foco de atención debido a que varios difuntos fueron dejados en la calle o velados en la vía pública sin que se conozca de inmediato las causas de la muerte.
Las escenas de ataúdes o cuerpos forrados con plástico negro colocados fuera de las casas los últimos días parecían similares a las ocurridas en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil que fue duramente golpeada al inicio de la pandemia. Esto ha construido un cuadro de dramas que bien representaría a la situación de colapso que comenzaba a extenderse en las principales ciudades bolivianas.
“Estamos en una situación muy delicada porque los fallecimientos van en aumento y tenemos cada vez menos personal para recoger los cuerpos y tomarles muestras oportunamente”, ha declarado este lunes Rubén Castillo, el jefe de Epidemiología del departamento de Cochabamba, alertando de que no cuentan con “la capacidad para realizar una prueba de inmediato a los cuerpos debido a la alta demanda”.