Casado y con seis hijos, Al Akhras fue arrestado el 27 de julio en el distrito de Yenín (norte de Cisjordania) por el Shin Bet, servicio de seguridad interior que opera en los Territorios Ocupados, bajo la acusación de ser militante de Yihad Islámica, grupo palestino considerado terrorista por Israel. Su familia niega que mantenga actividades políticas y asegura que se había limitado a defender los derechos de los presos palestinos a través de las redes sociales.

En las cárceles bajo control de Israel están ingresadas bajo detención administrativa 355 palestino entre los cerca de 5.000 presos procedentes de los territorios ocupados. Unos 700 reclusos requieren asistencia médica, según la Asociación de Prisioneros Palestinos, ONG que les presta asistencia.

El coordinador de Naciones Unidas para Oriente Próximo, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, está mediando ante las autoridades israelíes para la liberación del detenido en huelga de hambre, según fuentes palestinas. Jaled al Bathas, dirigente de Yihad Islámica citado por el diario Haaretz, ha advertido de que la muerte del preso puede tener graves consecuencias para el alto el fuego en vigor en la franja de Gaza.

Al Akhras fue ingresado el 6 de agosto en el hospital Kaplan de Rehovot (centro de Israel), donde se han registrado varios casos de infección por coronavirus. Sus familiares afirman que el preso ha perdido la mitad de su peso, sufre espasmos y dolores y se encuentra muy debilitado.

Sin mayor concreción en los cargos, el Shin Bet le acusa de “estar implicado en actividades que ponen en peligro la seguridad y de incitar a la violencia y hacer declaraciones extremistas”. Al Akhras ya había sido detenido en otras cinco ocasiones.

Su abogada, Ahlan Haddad, asegura que su estado de salud se ha deteriorado gravemente a consecuencia del prolongado ayuno. Las autoridades israelíes le han ofrecido la excarcelación, según la letrada, si pone fin a la protesta y acepta seguir internado hasta el 26 de noviembre, cuando vence el primer periodo de detención administrativa, que es automáticamente renovable.

El Tribunal Supremo de Israel denegó el día de ayer una petición de liberación presentada por la defensa, después de que el Shin Bet ratificara la acusación, a pesar del agravamiento del estado del recluso, y mantuviera la orden de arresto hasta el 26 de noviembre, sin necesidad de presentar cargos ni pruebas formales. La acusación ha planteado esta única opción a los magistrados, pero la letrada defensora trasladó al tribunal que Al Akhras solo cesará en su huelga de hambre si es liberado, según informó la organización pacifista israelí B’Tselem.

La detención administrativa tiene su base legal en normas heredadas de la Administración colonial de Reino Unido sobre el Mandato de Palestina (1920-1948), concebidas como legislación de excepción frente a las acciones armadas contra las tropas británicas de grupos nacionalistas judíos y árabes. El Estado de Israel la aplica casi siempre a sospechosos palestinos, excepto para algunos investigados por el llamado “terrorismo judío”, como el colono radical que en 2015 quemó viva a una familia palestina en un atentado en Cisjordania.

Más de 800 presos palestinos mantuvieron en 2017 una huelga de hambre durante 40 días para reclamar mejoras en su situación penitenciaria. El dirigente de la Segunda Intifada Marwan Barghouti , encabezó dicha protesta, que llegaron a secundar 1.500 internos. Barghouti cumple condena por cinco cadenas perpetuas y 40 años de cárcel suplementarios.

Más de 850.000 palestinos han pasado por cárceles controladas por Israel durante más de medio siglo de ocupación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Equivale a un 40% de los hombres adultos; casi una quinta parte de la población de Palestina.

Fuente: El País

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